Los tribunales investigan a Rato, Blesa y Sánchez Barcoj por 26 delitos al frente de Bankia y Caja Madrid
Con las ocho conductas delictivas atribuidas a Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj durante su gestión al frente de Caja Madrid y Bankia se puede pintar el cuadro del delito económico en tiempos de la crisis económica española. Los tres declararán este jueves como imputados por la mecánica y uso de las tarjetas ‘black’, una práctica que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción puede suponer apropiación indebida y delito societario. Pero si a estos se suman los hechos que se atribuyen al trío en la pieza central del 'caso Bankia', en la separada de las preferentes –en esta última como querellados– y en la compra de un banco de Florida, resulta un total de 26 delitos presuntamente cometidos mientras pilotaban la entidad que acabó rescatada con 23.500 millones de euros de fondos públicos.
El vía crucis judicial de Rato comenzó el 4 de julio de 2013, cuando el juez Fernando Andreu decidió admitir a trámite la querella presentada por UPyD por la fusión de las siete cajas que dieron lugar a Bankia y la salida de la entidad a bolsa. Andreu citó para octubre a 33 imputados, entre ellos el expresidente de Bankia, con el fin de preguntarles por unos hechos constitutivos de cuatro delitos: apropiación indebida, falseamiento de cuentas, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. A día de hoy continúan imputados y el caso sigue pendiente de nuevas revelaciones y del informe de dos peritos del Banco de España que determinarán las irregularidades cometidas por los gestores de la entidad.
La última pieza separada abierta por Andreu, la de las tarjetas ‘black’, convierte en sospechosos habituales a muchos miembros del Consejo de Administración de las dos entidades, que también están imputados en el tronco central del 'caso Bankia'. Ahí están, entre otros, José Manuel Fernández Norniella, José Antonio Moral Santín o Arturo Fernández.
El ex director financiero de Caja Madrid y después de Bankia, Ildefonso Sánchez Barcoj, es el presunto responsable de la maquinaria de las tarjetas ‘black’; batió el récord de gasto con una de ellas –484.200 euros en nueve años– y está imputado en tres piezas distintas. Su presencia en la cúpula de Bankia desde los tiempos de Blesa le hizo ser investigado también en la pieza separada que abrió Andreu por la ideación de las preferentes. Este complejo producto financiero fue puesto a la venta por el equipo de Blesa para, presuntamente, tapar el agujero de la entidad que trataban de ocultar, y obtener financiación.
La comercialización de las preferentes causó un perjuicio de 3.000 millones de euros a clientes de Caja Madrid, e hizo perder los ahorros de toda una vida a muchos de ellos. Por las preferentes, Barcoj debe sumar los delitos de estafa y publicidad engañosa y añadir uno más a cada uno de los cometidos presuntamente por falsificación de las cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Pero tanto Blesa como Sánchez Barcoj y el resto de los mencionados en la querella de las preferentes todavía no están imputados por las preferentes. El juez Andreu optó por llamarles a declarar en calidad de querellados, una figura previa muy próxima a la imputación, que también permite declarar en compañía de abogado. Las acusaciones populares y particulares no se explican por qué Andreu optó por esta fórmula en la pieza y lo achacan al convencimiento del magistrado de que la “estafa” de las preferentes no es un asunto para investigar en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados ordinarios, porque no responde a un plan preconcebido.
Todo el 'caso Bankia' se instruye en el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, pero dos operaciones realizadas por la cúpula de Caja Madrid llegaron a ser investigadas en un juzgado de Madrid. El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 9 de plaza de Castilla, Elpidio Silva, reabrió una causa en 2012 que había cerrado dos años antes para investigar el crédito que la caja concedió por 26,6 millones de euros al Grupo Marsans en 2008, cuando éste ya estaba en quiebra.
De aquel caso salió otro, la compra también por Blesa y su equipo de un banco en Florida, que acabó siendo ruinosa para la entidad. La Audiencia de Madrid anuló todas las diligencias practicadas en el caso del préstamo y Silva acabó condenado a 17 años y medio de prisión por prevaricación. Sin embargo, la compra del banco de Florida sigue siendo investigada, ahora por Esperanza Collados, la magistrada que ha sustituido a Silva en el juzgado y que hace meses que no ordena diligencia alguna. A pesar de ello, Blesa sigue imputado por abuso de posición dominante y administración fraudulenta.
Ahora, Rato, Blesa y Sánchez Barcoj deben a esta lista otros dos delitos, el de apropiación indebida y delito societario, por haber gastado un dinero que no era suyo, a través de las tarjetas 'black'. El resultado es seis delitos en el caso de Rato, nueve en el de Blesa y once en el de Sánchez Barcoj. Traducido a cantidades, una “estafa gigantesca” de 8.000 millones, según el 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el 'caso Bankia'. Esos 8.000 millones se dividen entre los 3.000 de las preferentes, otros tantos de las acciones y 1.800 de las participaciones subordinadas.
De vuelta a la Audiencia Nacional
Como imputados, los tres pueden acogerse este jueves a su derecho a no declarar y, si lo hacen, decidir si contestan al juez, a qué partes o sólo a su abogado. Al término de la declaración, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular pueden solicitar al juez que decrete medidas cautelares, desde la prohibición de salir de España a la comparecencia periódica en el juzgado o, incluso, la prisión provisional, ya sea por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Hasta ahora, la mayoría de las declaraciones de imputados o querellados en los casos Bankia y preferentes se convertían en un ejercicio de exculpación y de redirección de responsabilidades hacia otros miembros de la cúpula o a los organismos supervisores. En el caso de las tarjetas 'black' no podrá ser del todo así: la relación de gastos realizados con el plástico es una prueba documental incontestable.
Ayer, las acusaciones mantenían dudas sobre la estrategia que seguirán los imputados. Si mantienen que las tarjetas respondían a una operativa legal, difícilmente podrán justificar gastos de carácter absolutamente personal. En el caso de reconocer que se trataba de un mecanismo opaco, deberán señalar a los responsables de ponerlo en marcha. Entre los tres imputados están los dos máximos responsables de Caja Madrid y Bankia y el hombre que hizo de nexo entre una época y otra. Igualmente, los abogados de la acusación pretenden conocer la mecánica de las tarjetas y si éstas eran utilizadas por Blesa –15,2 millones de los 15,5 fueron gastados en su época– para comprar la voluntad de los consejeros de todos los partidos y sindicatos.
Un fuerte dispositivo policial rodeará este jueves la Audiencia Nacional. Responsables de esta medida explicaron a eldiario.es que se trata de impedir los hechos ocurridos en marzo pasado, cuando un grupo de preferentistas logró saltarse el cordón policial, abalanzarse sobre el coche de Blesa y aporrearlo, al término de su declaración por las preferentes.
