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Bruselas fija los criterios para identificar las inversiones “verdes”

Bruselas fija los criterios para identificar las inversiones "verdes"

EFE

Bruselas —

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La Comisión Europea (CE) presentó hoy los criterios que prevé utilizar para identificar los productos financieros sostenibles a la hora de establecer la futura clasificación que permitirá a los clientes saber si su dinero se destina a actividades “verdes”.

La propuesta forma parte de las primeras iniciativas dentro del plan de acción sobre finanzas sostenibles anunciado por Bruselas en marzo, que busca reorientar inversiones hacia actividades sostenibles para conseguir los 180.000 millones de euros adicionales al año que necesitará la Unión Europea para cumplir sus objetivos climáticos.

Entre las acciones propuestas está la creación de una clasificación o “taxonomía” que distinga qué es un “activo verde” y cuáles tienen un impacto más positivo y permita, a la larga, crear un sello europeo para estos productos financieros que evite que las entidades vendan como sostenible activos que no lo sean.

La Comisión propone que se clasifiquen de sostenibles aquellas actividades que contribuyan al menos a uno de seis objetivos climáticos: mitigación del clima, adaptación al cambio climático, protección del agua y recursos marinos, reciclaje y reducción de los desperdicios, prevención y control de la contaminación y protección de ecosistemas saludables.

Además no podrán perjudicar a ninguno de estos fines, tendrán que ser llevadas a cabo con unos requisitos mínimos de gobernanza y sociales y deberán cumplir ciertos criterios técnicos que permitan hacer el análisis en base a estas características.

“Por ejemplo, en el sector de la construcción, un proyecto de viviendas podría ser calificado de verde basándose en su eficiencia energética o el uso de materiales de construcción reciclados”, explicó el vicepresidente de la Comisión para el Euro y responsable de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis.

Para hacer la clasificación final la CE está formando un grupo de expertos que terminará su trabajo en la segunda mitad de 2019.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario planteó también introducir requisitos para que las gestoras de activos, fondos de pensiones, inversores institucionales, aseguradoras o asesores de inversión informen sobre cómo evalúan la sostenibilidad medioambiental y social de sus productos.

En concreto, pide que revelen cómo tienen en cuenta los riesgos ligados a estos factores y cómo esperan que los mismos afecten a los réditos que generan las inversiones, en tanto que los que aseguren que siguen una “estrategia sostenible” deberán revelar cuál es el impacto climático de sus carteras.

Asimismo, plantean introducir dos nuevos índices de referencia para medir el impacto en emisiones de carbono de las compañías.

El primero identificaría a aquellos cuyas emisiones son inferiores a las de un índice de valores estándar (por ejemplo, el Standards and Poor's 500), y el segundo, a quienes reduzcan la huella de carbono por debajo de los índices estándar.

El objetivo es evitar que se etiqueten como sostenibles inversiones que no lo son.

Todas estas propuestas tienen que ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (los países) para poder entrar en vigor.

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