Bruselas asume los fallos de la globalización y busca cómo frenar el descontento

“Europa respira aliviada”. Este fue uno de los titulares más recurrentes tras la victoria de Enmanuel Macron el pasado domingo en Francia. La posible victoria de Marine Le Pen en Francia o el auge del extremismo en Ámsterdam traían de cabeza a los eurócratas desde el varapalo del Brexit y el triunfo de Donald Trump. Pero una vez exorcizadas estas dos pesadillas, la Comisión Europea ha decidido poner manos a la obra y reconocer que una de sus principales banderas, la de la globalización comercial y la apertura de la UE al exterior, tiene su cara oscura.

La Comisión ha lanzado como parte del Libro Blanco con el que quiere repensar esta Europa en crisis (social, económica y política), que titula “Embridando la globalización”. Un informe para la “reflexión” con la que asume, casi por primera vez, que los beneficios del proceso globalizador han tenido su reverso tenebroso y que han sido un acicate para todos estos movimientos que piden acabar con el sueño de la integración de la UE.

El informe es muy abierto porque solo es una iniciativa para arrancar un pensamiento colectivo sobre cómo poner límites a la apertura comercial, pero es muy significativo tras la cerrazón de la Administración Europa a comprender o integrar el descontento social que han suscitado acuerdos como el TTIP, que ya con casi toda seguridad no verá la luz, o el recién aprobado CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá. Precisamente el texto reconoce que Europa se tiene que esforzar más en ser “transparente e inclusiva” en el proceso de toma de decisiones al negociar acuerdos internacionales para asegurarse no solo de que se cierran sino de que se aprueban e implementan.

Los políticos europeos reconocen que en este proceso de apertura ha podido haber perdedores y aunque mantienen que de forma general son mayores los beneficios (abaratar precios para el conjunto de los consumidores, por ejemplo), hay colectivos que se han quedado atrás y que sienten que la liberalización es una amenaza. “Los temores son reales y bien fundados en muchos casos”, concluye el informe. “La globalización y el cambio tecnológico cambiará nuestras vidas a una velocidad sin precedentes. Este proceso no será suave pero no se puede ni parar ni revertir”.

Las fallas del sistema

“El hecho de que otros países no comparten los estándares europeos en salarios, medioambiente o fiscalidad, ha llevado a que algunas compañías saquen provecho”, reza el texto que reconoce que ha llevado a la deslocalización de industrias, el cierre de plantas y a que los trabajadores con menos capacidad de adaptación sufran la presión de esta competencia malsana. “Algunas empresas extranjeras y gobiernos tienen prácticas injustas”, insiste citando específicamente el sector del acero, que se queja del dumping social a la que le someten las industrias subsidiadas en países asiáticos. También lamenta la ingeniería fiscal de las multinacionales que logran escapar del fisco comunitario pese a sacar provecho de los ciudadanos europeos o de la entrada de fondos de inversión estatales (como los de los Emiratos o los asiáticos) que gracias al apoyo de sus países de origen entran a derribo en sectores débiles en la UE.

Casi por primera vez, la Comisión pone negro sobre blanco en el anatema que en los pasillos de la tecnocracia no se ha querido abordar. Salvo que se tomen medidas para frenar este proceso, el efecto compuesto del avance tecnológico con estos problemas “ampliará las desigualdades y la división social”. Para sustentar esta teoría, el texto reconoce que los ingresos de la clase media en Europa se han estancado pese al crecimiento económico. Y asume, aunque la desigualdad sigue baja en comparación con otros países, “un 27% acapara el total de la riqueza de la UE”.

Dos fases de actuación

El documento delimita dos fases para la actuación. Una primera en la que completar agujeros regulatarios, como la denominada “economía colaborativa” a la que la institución reconoce que aún no le ha metido mano. Y también la necesidad de aplicar las normas que ya existen para crear un “campo de juego” que aborde estos comportamientos dañinos de algunos actores, como evitar la evasión fiscal, la corrupción, la extracción de rentas o el dumping social que en ocasiones se da incluso dentro de países de la Unión Europea.

Para cerrar estos agujeros del sistema, el texto propone endurecer la aplicación de las leyes actuales cerrando resquicios por donde se cuelan los que se aprovechan, asegurando que las compañías que infringen las normas sean sancionadas. También pide aumentar la inversión en las aduanas, para garantizar la calidad y la legalidad del comercio internacional que atraviesa las fronteras comunitarias.

La Comisión dice que ya no quiere que haya árbitros privados internacionales que diriman las disputas y trata de poner en valor su propuesta de que haya una Corte de Inversión Multilateral, de carácter institucional, que aclare las disputas en la aplicación de tratados y reglas internacionales. Este mecanismo es uno de los que más preocupa a los detractores de los acuerdos comerciales.

En general, el texto insiste en que se tiene que exigir reciprocidad a terceros países con los que existen tratados, dejando caer que esa debe ser una base mínima para alcanzar acuerdos futuros en materia comercial.

Reciprocidad

En una segunda fase, Europa sigue empeñada en continuar avanzando en los acuerdos con terceros países. Pero para lograr que esta aproximación sea eficiente y justa reconoce que se tiene que dar una reforma en los organismos multilaturales que se dedican a marcar las reglas de la gobernanza global. El documento no los cita, pero básicamente son el FMI, el Banco Mundial, o la Organización Mundial del Comercio entre otros y apuesta a hacerlos más “justos” para que sean parte de la solución.

Pero Bruselas entiende que tiene que estar preparada para un “orden mundial” cada vez más disputado y desliza la idea de comenzar a crear alianzas más pequeñas con otros países, dejando la puerta abierta a que entren más “cuando estén preparados”. En ese sentido, invita a las organizaciones no gubernamentales a tener un papel en estas alianzas.

Acto seguido de lanzar este mensaje apuesta por reforzar los programas de cooperación al desarrollo, un tema absolutamente olvidado en los últimos años de crisis en el debate público, y dice que los esfuerzos que haga la UE en este sentido tienen que ir más allá de simplemente dar ayuda. Apuesta por tomar partido por los derechos humanos y la participación de la mujer creando un ambiente en estos países desarrollo en el que se pueda trabajar, para aliviar así “la presión migratoria” sobre la Unión Europea “creando oportunidades de inversión para las empresas europeas”.

En clave interna, y ante la preocupación por la pérdida de empleos ante la tecnificación de la economía, la Comisión pide mejorar la educación  y se apoya en el modelo alemán, escandinavo y estonio como ejemplos de lo que se puede hacer bien en el Estado del Bienestar. También insiste en la solidaridad entre países, en las políticas de redistribución y en que la Unión Europea es una unión de estados del bienestar.