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Bruselas da luz verde a la multa de casi 19 millones por el falseamiento del déficit en Comunidad Valenciana

La CE propone multar a España con 18,93 millones de euros por caso Valencia

EUROPA PRESS

BRUSELAS —

La Comisión Europea ha aprobado formalmente su propuesta de imponer a España una multa de 18,93 millones de euros a España por el error en los datos de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario.

La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la UE en el Ecofin.

Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).

No obstante, se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

“Nuestra investigación ha concluido que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios”, ha dicho la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen. “Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos”, ha agregado.

El Ejecutivo comunitario ha responsabilizado de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que “actuó en solitario”, según Thyssen. “Las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación”, ha apuntado.

Atenuantes

Atenuantes

De hecho, esta cooperación es uno de los “factores atenuantes” que Bruselas ha tenido en cuenta a la hora de calcular el importe de la multa. También ha considerado que “la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta” y que la infracción ya se ha corregido.

Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, la multa propuesta por la Comisión se ha reducido al 20 % del importe de referencia.

El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema.

Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada en julio de 2014.

El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que “no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda”.

También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado “una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España”. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el casoLa propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la UE en el Ecofin.

Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).

No obstante, se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

“Nuestra investigación ha concluido que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios”, ha dicho la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen.

“Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos”, ha agregado.

El Ejecutivo comunitario ha responsabilizado de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que “actuó en solitario”, según Thyssen. “Las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación”, ha apuntado.

De hecho, esta cooperación es otro de los “factores atenuantes” que Bruselas ha tenido en cuenta a la hora de calcular el importe de la multa. También ha considerado que “la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta” y que la infracción ya se ha corregido.

Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, la multa propuesta por la Comisión se ha reducido al 20 % del importe de referencia.

El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema.

Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada en julio de 2014

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