La CE pide que se acelere implementación de directiva que evita pagos tardíos

La Comisión Europea (CE) subrayó hoy la necesidad de que los Veintiocho aceleren la implementación de la directiva comunitaria sobre los retrasos en los pagos a las empresas, ya que ello constituye un obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios.

La dirección general de la CE para Empresa e Industria celebró hoy un seminario para analizar el impacto de esa directiva sobre la lucha del pago con demora en las transacciones comerciales, al tiempo que clausuró la campaña iniciada en 2012 para alentar a los países en su puesta en marcha.

Esa directiva, adoptada en febrero de 2011, busca proteger a las empresas europeas, y en particular a las pymes, a luchar contra el retraso en los pagos y así mejorar su competitividad.

La normativa comunitaria pone en práctica medidas más estrictas que armonizan por primera vez los plazos de pago atrasados y que deben ser respetados por los poderes públicos respecto a las empresas.

En los dos últimos años, la CE ha realizado una campaña para concienciar a las pequeñas y medianas empresas y a los poderes públicos sobre los derechos otorgados por la directiva para combatir la “dañina” cultura del pago con demora.

“La CE ha resumido los logros de la campaña y ha enviado el mensaje a los Estados miembros de que ahora es su responsabilidad apoyar a las pymes asegurando que la directiva se pone en marcha de forma correcta”, indicó el organismo en un comunicado.

Según datos del Índice de Pago Europeo 2014 desde que comenzó la campaña, la duración media de pago en toda Europa ha disminuido de 52 días en 2012 a 47 este año.

En el sector público la duración media de los abonos ha bajado de 52 días en 2012 a 47 días en 2014, de acuerdo con la CE, que señaló que “el coste de los pagos retrasados se situó en 360.000 millones de euros en 2014, lo que supone un aumento de 10.000 millones de euros respecto a hace dos años”.

La CE advirtió también de que, pese a las mejoras, los negocios europeos continúan en riesgo de fracasar debido al impago de facturas, lo que consideró como una “amenaza significativa” para las pequeñas y medianas empresas de Europa.

“El fin de la campaña de información no representará el final de nuestro trabajo. Nuestros esfuerzos por reducir el retraso de los pagos continuará en primera línea”, afirmó el organismo en su nota.

Según la directiva, las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios en un plazo máximo de 30 días o, en circunstancias muy especiales, en 60.

“Los pagos retrasados suponen altos costes en términos económicos y de tiempo, además de que una disputa puede afectar las relaciones entre clientes”, alertó el Ejecutivo comunitario y recordó que la directiva proporciona el marco legal para perseguir a los deudores.

Conforme a las nuevas reglas de la directiva comunitaria, las empresas tienen derecho a pedir una compensación fija de 40 euros por cada transacción retrasada, además de que pueden reclamar una adicional por los demás costes que esos atrasos les hayan causado.

La directiva también facilita que las empresas puedan acudir con mayor facilidad ante los tribunales nacionales para plantear cuestiones de este tipo.

Además, obliga a los Veintiocho a publicar las tasas de interés por los pagos con retraso, de manera que todas las partes involucradas tengan la información, entre otras novedades.

Las nuevas medidas no son obligatorias para las empresas, pero sí para las autoridades públicas, quienes “deben dar ejemplo al resto de actores implicados”.

A la reunión asistieron, además de los directores generales de Empresa e Industria de la CE, Daniel Calleja Crespo, y de la pequeña y Mediana Empresa (SMEs) y Emprendimiento, Joanna Drake, el presidente de la Confederación Europea de Constructores, José Antonio Calvo, y el director de Asuntos Europeos de Eurochambres, Ben Butters.