La CE dará más tiempo a España para conocer sus planes sobre la CNMC

El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, declaró hoy que dará más tiempo al nuevo Gobierno de España para conocer sus planes relativos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el que la Comisión Europea (CE) abrió expediente a España en 2015.

“Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno”, declaró el eurocomisario tras coincidir en el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea (UE) con la nueva titular española, Teresa Ribera.

Arias Cañete explicó que tuvo “una conversación con el gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora” de forma “que sea el regulador el que regule los precios”.

“Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión”, que discrepa con la legislación española sobre el establecimiento de los precios de los peajes de la electricidad para evitar así una sanción de Bruselas sobre las tarifas de la luz.

“Visitaré España y dialogaré con el nuevo gobierno sobre este tema y sobre otros temas muy importantes”, añadió el comisario.

El anterior Gobierno (PP, centroderecha) le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

Bruselas abrió en 2015 un procedimiento de infracción contra España y ha mantenido reiterados intercambios con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal.

La CE considera que el Gobierno no puede asumir la capacidad para fijar los peajes de luz y sufragar así los costes regulados del sistema eléctrico, situación que podría terminar con España denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35 % del recibo de los 12 millones de hogares acogidos a tarifa regulada, mientras que el 65 % restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes, que fija el Gobierno.