CES propone que el Estado costee el bono social, en vez de las comercializadoras

El Consejo Económico y Social (CES) ha propuesto que sea el Estado, a través de los Presupuestos, el que financie el coste del acceso a la energía eléctrica de los hogares más vulnerables -conocido como bono social eléctrico- en lugar de las empresas comercializadoras.

Esta propuesta forman parte del informe sobre el sector eléctrico en España aprobado por el Pleno del CES y hecho público hoy, en el que también se propone que se promueva el autoconsumo de electricidad, “con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red”.

El Gobierno aprobó en octubre pasado el nuevo modelo del bono social eléctrico, en el que se mantuvo el sistema por el cual el coste de esta ayuda es asumido por las empresas comercializadoras como “un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado”, algo que han recurrido las cinco grandes eléctricas.

Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo han recurrido la nueva normativa que regula este descuento en el recibo de la luz del que se benefician los consumidores vulnerables por considerar que el bono social, como cualquier ayuda de carácter social, debería ser financiado con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y no a costa de los operadores.

En su informe, abordado por iniciativa propia y aprobado por una amplia mayoría, el CES defiende que haya una “garantía por el Estado del acceso a la energía eléctrica, sufragando su coste a hogares más vulnerables, en lugar de a través de las empresas comercializadoras” y propone que haya “financiación presupuestaria de la parte del coste de bono social asumida por las comercializadoras”.

Asimismo, este organismo también considera que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en el proceso de descarbonización de la economía y para poder cumplir con los acuerdos de lucha contra el cambio climático.

El CES, el principal organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha explicado que decidió abordar este informe al entender que el sistema eléctrico afronta un proceso de transición de amplio calado, enmarcado en una estrategia general de sostenibilidad climática y energética, que implica modernizar la economía e impulsar las inversiones en energía limpia.

En él, defiende que la transición energética debe ser una “transición justa”, analizando para su diseño los impactos sociales, territoriales, económicos y ambientales.

En la situación actual, ha añadido, aparecen factores críticos, que deben ser considerados para facilitar la transición, “como una electricidad cara que dificulta el proceso de electrificación de la economía”.

Otras barreras, según el CES, que podrían dificultar esa transición son las disfunciones en la determinación de precios de la electricidad, “los más elevados de Europa, por incremento de costes ajenos al suministro, que responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, que resulta discutible deban ser financiados a través de la factura eléctrica”.

También cita el riesgo “de impacto inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de regiones como las zonas mineras”, las “carencias en protección a consumidores más vulnerables” y los “tipos de IVA excesivos”.

El CES también plantea que el marco regulatorio del sistema eléctrico “requiere reformas para solucionar problemas actuales” y dar respuesta a los retos futuros y que estas reformas deben hacerse de manera que puedan aprovecharse las oportunidades que se perfilan en el proceso de transición.

Entre los problemas, cita las tensiones en el mercado, la inseguridad jurídica en ciertas inversiones y la volatilidad de los precios.

Ello afecta, según el CES, a las actividades económicas que consumen electricidad y a los consumidores domésticos, en especial a los más vulnerables dado su carácter de bien de primera necesidad, además de dificultar los procesos inversores en el sector.

El sector eléctrico supone casi una cuarta parte del consumo de energía final en España, sólo por detrás de los productos petrolíferos, que constituyen algo más de la mitad del total.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el peso directo de las actividades de producción y distribución de energía eléctrica está en torno al 2 % del PIB.

El volumen de empleo se situó en alrededor de 80.000 personas en 2016, siendo un empleo significativamente más estable, más cualificado y con retribuciones más altas que el promedio, según el CES.