La CIC pide que se investigue a Fernández Ordóñez, Segura y Restoy por Bankia

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha solicitado hoy que declaren como investigados el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el subgobernador, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la CIC señala que estas declaraciones son pertinentes tras conocerse los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que demuestran “el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia”.

Asimismo, los correos al parecer han puesto en evidencia “las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a bolsa de la entidad, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas y, finalmente, el quebranto al contribuyente, que se llega a cifrar en 15.000 millones de euros”.

Junto a ellos, la CIC solicita que comparezcan como investigados, (lo que antes se conocía como imputados) el exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, el exdirector de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, Mariano Herrera y Pedro González, todos los cuales ya han declarado anteriormente como testigos, así como Pedro Comín, el superior de José Antonio Casaus en la labor de inspección de Bankia.

En el escrito al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la salida a bolsa de Bankia, la CIC, organización que preside Gonzalo Postigo, expone que no hay razón para que se trate de forma distinta a los auditores de la entidad, que ya han declarado como investigados, y a los funcionarios del Banco de España y de la CNMV.

El titular del juzgado de Instrucción número cuatro ya rechazó anteriormente la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de Fernando Restoy, una negativa ratificada esta semana por la sección tercera de la Sala de lo Penal.

En esta ocasión, la CIC ha ampliado su petición a Julio Segura, que presidía la CNMV en el momento de la salida a bolsa, en julio de 2011, y, por lo tanto, “máximo responsable de la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisión a negociación oficial de las acciones de Bankia, y de su inclusión en el mercado”.

En los correos electrónicos remitidos por el Banco de España al juez, fechados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011, apenas tres meses antes del debut bursátil, Casaus se mostraba partidario de la salida a bolsa como banco único pero no después de segregar Bankia de BFA, lo que en su opinión sería “el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto”.

También concluía que el Grupo BFA-Bankia no era viable “a medio plazo con una estructura como la que tiene”, y sobre la salida a bolsa de Bankia en solitario opinaba que “es el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto y contrario” al mandato recibido.

Asimismo, sostenía que su viabilidad era cuestionable por los “graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia”, además de por un gobierno interno “mejorable con unos gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado, por su marcado perfil político” y su “cuestionable honradez”.

Estos cuatro correos no figuraban entre la documentación que fue enviada por el Banco de España al juez a comienzos de septiembre, por lo que la CIC requirió a Andreu para que los solicitara.

Una “sorprendente omisión”, según el escrito de la CIC, que hace dudar a esta acerca “del procedimiento seguido por el Banco de España, máxime cuando los 'anexos' se hicieron llegar al juez sin la firma de ningún responsable del organismo”.

Por ello, la acusación popular solicita una nueva declaración de Casaus, para contrastar su testimonio al tratarse del “corresponsable o co-cabecera encargado de la supervisión sobre el terreno”.

Además, reclama la comparecencia de la jefa de la División de Expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales, María Ortega, para esclarecer el procedimiento seguido por el Banco de España en el caso Bankia.

La CIC pide también que el Banco de España aporte todas las comunicaciones remitidas y recibidas desde su dirección corporativa entre Casaus, Comín y el resto de los miembros del Departamento de Supervisión desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012.