La CNMC detecta incrementos de costes de hasta el 279% en el almacén de gas de Naturgy en Doñana

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emplazado al Ministerio para la Transición Ecológica a analizar las explicaciones aportadas ante el 'súperregulador' por Naturgy para justificar los “importantes incrementos”, de hasta el 279%, detectados en los costes de operación y mantenimiento en los que incurrió en 2018 el almacén subterráneo de gas de la energética en el Parque Nacional de Doñana.

Las dudas de Competencia figuran en el acuerdo por el que la Sala de Regulación del organismo propuso el pasado 9 de junio a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del ministerio la retribución de los costes de operación y mantenimiento del año 2018 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de Naturgy Almacenamientos Andalucía, SA.

El informe dedica un capítulo a “otras partidas con importantes incrementos de costes” en el que explica que “esta Comisión detectó que los costes del Almacenamiento subterráneo de Marismas declarados” por Naturgy “eran un 66,2% superiores a los del 2017”, subida que “obedece en parte a un incremento de los costes recurrentes y en parte a un incremento de los costes no recurrentes”.

En cuanto a los costes recurrentes, el incremento interanual ha sido del 47,06% y “suben todas las partidas declaradas menos tres”, sin que esté disponible el detalle porque mucha de la información del documento está declarada “confidencial”. En los costes “no recurrentes” el incremento es muy superior, del 279,13%, y “vendría dado básicamente” por la existencia de la partida “Sistema de gestión de la Integridad de pozos” (SIGP), que “no figuraba en 2017” y que supuso el 60% del total de la desviación.

La CNMC señala en su informe que Naturgy, “consciente de la peculiaridad de dicha partida, remitió correo electrónico el 31 de octubre de 2019, en el que aportaba justificaciones y desgloses complementarios al respecto, así como ficheros de análisis, intervenciones, pruebas de integridad etc”. “Se recogieron no solo los trabajos sobre el Sistema de Integridad de Pozos (casi el 60% del importe) sino también las horas correspondientes a otros trabajos”.

El informe recoge una tabla con un “desglose y resumen conceptual” de los principales trabajos realizados en 2018 relacionados con ese sistema de gestión implantado ese año: un “plan de actuación y estrategia”, “recopilación y revisión normativa”, solicitud de ofertas, “reuniones etc”; revisión de documentación técnica, análisis de riesgos, “inspección pozos, pruebas integridad y análisis resultados”; preparación de “workovers, plan actuación contra fugas, Servicios Respuesta a Erupciones, normas internas e integración SGIP en Sistema Gestión existente”, entre otras.

“Ajuste adicional”

Pese a las justificaciones aportadas por Naturgy, la CNMC no expresa un pronunciamiento claro y deja en manos del Gobierno la decisión sobre esos incrementos de costes recurrentes y no recurrentes: “En ambos casos, esta Comisión considera que dichas justificaciones han de ser analizadas y en su caso complementadas con la información que estimase oportuno la DGPEM antes de aprobar la retribución de los Almacenamientos subterráneos, para decidir si procede realizar algún ajuste adicional a los propuestos”.

“Sin perjuicio de las consideraciones realizadas”, la CNMC ha propuesto al Gobierno una retribución transitoria de de los costes de operación y mantenimiento del año 2018 de la instalación por valor de 2.269.515,72 euros, lo que prácticamente triplica los de 821.666,54 euros contemplados para esta partida en una orden ministerial de 2017.

Estarían pendientes de abonar 1.447.849,18 euros una vez descontado ese importe ya percibido. Esta retribución es en cualquier caso transitoria: tal y como recalca la CNMC, la instalación no posee el acta de puesta en marcha definitiva, sino la provisional.

El ministerio es el responsable de aprobar, tras la propuesta de la CNMC, los pagos regulados a Naturgy para la retribución, con cargo a la tarifa del gas que pagan los consumidores, de esta instalación que la antigua Gas Natural tiene en funcionamiento desde finales de los 90 en las inmediaciones del parque nacional y que lleva años intentando ampliar con polémica. 

Naturgy, que no comenta este asunto, lleva años inmersa en una batalla legal contra la Administración española para lograr una compensación millonaria (reclama 358 millones de euros) tras el frenazo a sus planes para ampliar ese proyecto, cuya ampliación pidió paralizar el Parlamento Europeo en 2019 y cuyos estudios criticó el Defensor del Pueblo en 2017, cuando advirtió de los “costosos mecanismos de compensación” para la empresa si la instalación finalmente no fuera viable, como ocurrió con el almacén submarino Castor.