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La gran banca se resiste a pagar a los clientes que reclaman las cláusulas suelo

Una protesta contra las cláusulas suelo.

Marta Garijo

El Gobierno aprobó en enero un mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo con el que buscaba desatascar los juzgados de casos tras la sentencia europea que respaldaba que se pagara todo lo cobrado de más por estas cláusulas cuando fueran consideradas abusivas. A pesar de este procedimiento, los bancos que han dado datos sobre la gestión de sus reclamaciones están rechazando casi la mitad de las recibidas. Caixabank ha dicho que no a un 48% de las reclamaciones que le han presentado mientras que Sabadell ha respondido negativamente a un 45% de ellas. Las entidades alegan que las cláusulas suelo habían sido comercializadas con transparencia para rechazar las reclamaciones.

En cifras, Caixabank ha devuelto 210 millones de euros en cláusulas suelo a 47.000 clientes mientras que el importe abonado por Sabadell asciende a los 95 millones de euros.

Por su parte, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, cifró en 200 millones de euros las devoluciones realizadas por Banco Popular. En su día, Popular provisionó 534 millones de euros para hacer frente a estas reclamaciones ante un riesgo potencial de 600 millones de euros. Esta es otra de las entidades que contaban con más cláusulas suelo dentro de sus hipotecas. Tras ser intervenida en junio por la Junta de Resolución Única y vendida al Banco Santander por un euro ha pasado a este grupo que está en proceso de integrarla. Santander siempre ha dicho que no tiene claúsulas suelo en sus hipotecas. 

BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este procedimiento de reclamaciones. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, en la presentación de resultados del tercer trimestre únicamente ha dicho que “la evolución en las reclamaciones es en línea con lo que habíamos previsto, tanto lo que es el flujo como las previsiones y demás” asegurando que la están gestionando en un procedimiento “muy ágil” y que darán información “en las fechas previstas”, aunque el banco no especifica cuáles son estas. 

El caso de BBVA es paradigmático porque la sentencia del Tribunal Supremo que respaldó que había cláusulas suelo abusivas por falta de información, pero que marcaba la fecha de devolución solo desde la fecha de la sentencia, era por una hipoteca de este banco. Tras la sentencia europea de diciembre de 2015, el alto tribunal adaptó su resolución y le dijo a BBVA que tenía que devolver lo cobrado de más desde el momento en que entraba en vigor la cláusula y no solo desde 2013. 

A pesar de las sentencias que han considerado abusivas cláusula suelos por la falta de información a la hora de incluirlas en los contratos, la tendencia general de la banca ha sido negacionista asegurando que ellos habían informado correctamente a sus clientes. El decreto otorgaba a las entidades un plazo de tres meses para contestar, por lo que un gran número de reclamaciones que fueron metidas a comienzos de la puesta en marcha del mecanismo ya están contestadas. 

Únicamente Bankia y BMN aseguraron que ponían en marcha una fórmula express para devolver a todos sus clientes lo cobrado de más por estas cláusulas suelos incluidas en sus hipotecas. Bankia, participada por el Estado en un 65%, estimaba cuando dio a conocer esta práctica que hay 60.000 clientes que podrán acogerse y que con esta medida se ahorrarán unos 100 millones de gastos judiciales. 

Bankia en un balance hecho el 26 de mayo señalaba que había abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes en concepto de devolución de cláusulas suelo en menos de cuatro meses. Mientras que BMN habría devuelto 34 millones de euros en este concepto hasta agosto. 

Judicialización de los casos

El decreto del Ejecutivo para implantar este mecanismo de devolución de cláusulas suelo incluía la creación de una Comisión de Seguimiento. El Gobierno no aprobó la creación de seguimiento hasta finales de mayo y esta no se reunió hasta finales abonado de julio. En esta reunión, la comisión decidió cómo y qué información pedir a los bancos para elaborar sus informes. El órgano estableció que el primer envío de datos sea a cierre de septiembre y estableció que la fecha límite fuera el 9 de noviembre. 

El rechazo de estas reclamaciones conllevará a la judicialización de muchas de estas reclamaciones, según aseguran asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Aunque también alertan de que el rechazo de las reclamaciones lleva a que muchos consumidores piensen que ya han agotado sus vías y recuerdan que aunque la respuesta de la banca sea negativa, se puede acudir a los tribunales. A esto se suma que se han creado juzgados especializados para los casos relativos a hipotecas, que muchas voces critican porque se han colapsado y se ralentizan los tiempos de resolución de casos. 

Por su parte, el PSOE en una proposición no de ley presentada en el Congreso advierten de que muchos bancos están rechazando las solicitudes de devolución de aquellos clientes afectados por las cláusulas suelos que en algún momento registraron un cambio en las condiciones de su hipoteca. “La mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron una modificación en el capital o el plazo, o una subrogación (traspaso del crédito a otro banco), al considerar que esa persona estaba perfectamente informada de la limitación de los intereses” al renegociar su hipoteca, explican en su iniciativa en la que piden al Gobierno que informe sobre el número de devoluciones que se han producido y de qué entidades se niegan a devolverlas. 

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