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Chivatos en las empresas: héroes en EEUU, villanos en España

El regulador de los mercados de EEUU ha pagado 30 millones de dólares por denunciar un fraude y anima a los ciudadanos a seguir identificando malas prácticas

España está entre los países más rezagados de la OCDE en favorecer las denuncias de ilegalidades dentro de las empresas

La restrictiva Agencia de Protección de Datos supone un freno para estas prácticas

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EEUU premia a los chivatos... pero solo a los del mundo empresarial.

Ni oscurantismo, ni pudor, sino todo lo contrario. La Securities and Exchange Commision (Sec), el regulador estadounidense de los mercados (el equivalente a la CNMV), ha publicitado por todo lo alto que acaba de pagar 30 millones de dólares (alrededor de 23 millones de euros) a una persona por proporcionar una información valiosa y clave para la detección de un gran fraude.

Se trata de la mayor recompensa de la historia por delatar un fraude financiero, y las autoridades estadounidenses tienen ganas de que no sea la última. En la información sobre este caso, el responsable de la política de delatores de la SEC, Sean McKessy, anima a los ciudadanos de todo el mundo a colaborar con EEUU para detectar irregularidades en sus empresas. No se sabe ni quién es él o la delatora ni lo que ha desvelado, pero la recompensa puede equivaler a entre un 10% y un 30% del fraude detectado gracias a su soplo.

Pero lo que es un superéxito en EEUU no se ve con tan buenos ojos a este lado del Atlántico. Aquí el miedo, tanto a posibles denuncias falsas como a que no se respete la confidencialidad de los denunciantes es de tal calibre que la implantación de políticas de whistleblowing (término inglés para definir la denuncia desde dentro de una institución o empresa de corruptelas y malas prácticas), está a años luz. Tanto, que el último informe de Transparencia Internacional sobre este tema sitúa a España como uno de los países más retrasados de Europa en la implantación de canales para facilitar la denuncia de conductas corruptas relacionadas con temas financieros en empresas e instituciones. Incluso acusa a España de "no actualizar, desde 2006, las recomendaciones de la OCDE para proteger los derechos de confidencialidad de los empleados públicos que quieran reportar crímenes financieros".

Costumbres culturales

La idiosincrasia de cada territorio tiene gran parte de culpa en estas diferencias. Lo de incentivar el chivatazo y pagar por ello tiene raíces ancestrales en la cultura anglosajona. A muchos les recuerda a las prácticas instauradas en la época de indios y vaqueros, aunque la primera referencia escrita procede de 1863, la llamada Ley Lincoln.

Fue el estallido del fraude Enron, a finales del siglo pasado lo que motivó que desde 2002 (Ley Sarbanes-Oxley) todas las empresas que cotizan en EEUU y sus filiales estén obligadas a tener un canal de comunicación que facilite, de forma confidencial, las denuncias sobre temas financieros. Incluso se permiten las denuncias anónimas.

El estallido de la crisis financiera en 2008 reforzó esta convicción y a raíz de la Ley Dodd-Frank se obligó a la SEC implantar un sistema de delatores anónimo o de máxima seguridad. Según sus responsables, funciona estupendamente y esto no exime a los que viven en el extranjero: cuatro de los 14 chivatos recompensados no vivían en EEUU.

Listado de países de la UE que no tienen programas de chivatos

Estado de los programas de delatores en la UE

La realidad es que nos encontramos en España es como una pescadilla que se muerde la cola. Ante todo la figura del chivato está mal vista. Además, los empleados no se fían de los sistemas de denuncias confidenciales, y a veces los desconocen. Por mucho que los expertos aseguren que los chivatazos sólo llegan al director del departamento jurídico o al de recursos humanos o al vigilante del sistema, que en muchos casos es una consultora externa, son pocos los que confían en que una denuncia no redunde en represalias.

"La gente todavía tiene miedo y desconocimiento. Apenas hay denuncias en los sistemas que nosotros gestionamos", reconoce Christian Mesia, consejero delegado de la consultora especializada Lesseps.

Por otro lado, ni legisladores ni expertos se fían de los españoles. La denuncia anónima no está permitida por miedo a denuncias falsas. "El sistema de cazarrecompensas en una sociedad como la española sí sería pernicioso porque dispararía las denuncias falsas. Pero sin recompensa, la denuncia anónima ayudaría mucho a detectar las corruptelas que hay en este país. No creo que hubiera tantas denuncias falsas y éstas serían fácilmente detectables por su inconsistencia", asegura Francisco González-Calero, abogado especializado en protección de datos.

El organismo hermano de la SEC en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no tiene nada parecido a ese sistema de denuncias.

Las empresas cotizadas han optado por una solución intermedia de bajo calibre: buzones de denuncia pero que no siempre cumplen con las exigencias de máxima confidencialidad que demanda la legislación española. El código Conthe, que estableció en 2006 los principios básicos del buen gobierno de las empresas, ya recomendaba la implantación de estos sistemas de control. La recomendación no caló y, en la mayoría de los casos, las empresas demoraron esta práctica hasta 2010. En ese año, la reforma del Código Penal impuso que, por primera vez en la historia de España, las empresas podían incurrir en responsabilidad penal de las malas prácticas financieras de sus empleados. Sólo un adecuado sistema de control las puede liberar de esa responsabilidad.

"Hasta ahora la mayoría de las que implantan sistemas de whistleblowing lo hacen para que, en caso de que haya algún problema, la empresa pueda alegar una eximente y no ser acusada", asegura Christian Mesias. "Es una cuestión de tiempo que cambie la mentalidad de las empresas y que realmente se implante para detectar a tiempo las malas prácticas y evitar los problemas", añade.

También ayudará la próxima reforma del Código Penal, que tiene previsto ampliar esa responsabilidad penal a los administradores de las empresas y a las empresas públicas, y que además va a exigir la figura de un vigilante de estas conductas.

Protección de datos vs facilidades de denuncia

Por si este débil convencimiento no fuese suficiente lastre, además, las empresas españolas se dan de bruces con las exigencias de la protección de datos. "En España nos topamos con una de las leyes de protección de datos más restrictivas. Por eso es muy complicado poner en marcha estas políticas de delatores", asegura Francisco González-Calero.

La Agencia de Protección de Datos española (APD) es, sin duda, muy restrictiva. Hasta tal punto que se ha desmarcado de un acuerdo de un grupo de trabajo europeo, que en el sector se conoce como Grupo de Trabajo del Artículo 29, en el que participaron todas sus homónimas. El grupo europeo ha autorizado que los sistemas de delatores de las empresas europeas puedan aceptar denuncias anónimas, como la SEC y el resto de empresas de EEUU, aunque sea en casos excepcionales y con suficiente documentación.

Pero en España esa excepción no tiene cabida. "El espíritu de la ley de protección de datos es garantizar la máxima confidencialidad del proceso. Por eso exige que los ficheros que utilice la empresa para dar de alta cualquier tipo de denuncia cumplan con las máximas garantías de que la identidad del denunciante nunca será revelada. Y éste no sufrirá ningún tipo de represalia por esa denuncia", aseguran en la APD.

Pero dado el escaso número de denuncias no parece que este argumento tenga suficiente grado de convicción.

Frente a esta escasez, está la realidad de la Agencia Tributaria española. "Aquí se admiten denuncias de todo tipo. Identificadas y anónimas", explica un portavoz de la Agencia Tributaria. "Una denuncia anónima puede dar pistas a los inspectores para investigar donde no hubieran pensado que debían hacerlo. El riesgo de que sea falsa no es tan alto", aseguran.

Los datos avalan que su sistema funciona mucho mejor que la restricción a la que están sometidas las empresas. Según los datos proporcionados por ese organismo, en 2013 la Agencia Tributaria cargó para análisis en el área de Inspección un total de 10.462 denuncias ordinarias (incluyen tanto las que siguen el formato de denuncia a través del cauce establecido en la web de la Agencia, como denuncias anónimas por otros formatos). A ello se suman otras 3.149 específicamente sobre posible incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, también cargadas para análisis. En total, 13.611.

También Competencia tiene un programa de chivatos que ha tenido mucho éxito desde su implantación, pero no es anónimo. La gracia precisamente es que un miembro del cártel denuncie al resto y así se libre de la multa.

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