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El Congreso urge al Gobierno aprobar un código sancionador contra la morosidad
El Congreso ha urgido al Gobierno a aprobar un régimen sancionador que sirva para combatir la morosidad en las operaciones comerciales y el retraso “intencionado de los pagos”, y ha pedido exigir en las licitaciones públicas que los grandes contratistas cumplan con el plazo legal de pago.
El pleno del Congreso ha aprobado hoy por 335 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, una proposición no de Ley del grupo parlamentario del PP que finalmente ha sido pactada con el PSOE, Ciudadanos y ERC.
La iniciativa pide implementar medidas para establecer un régimen sancionador y llevar a cabo campañas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplir con los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales.
El objetivo es atajar la morosidad comercial para hacer un funcionamiento mas eficiente de la economía.
Además, han apoyado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos de pago que marca la ley a las empresas que subcontraten.
Precisamente, ésta era una de las enmiendas que había presentado el grupo parlamentario de Ciudadanos a la Ley de Contratos del Sector Público cuya ponencia se tramita actualmente en el Congreso.
No obstante, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado la propuesta de “insuficiente” porque no acuerda un calendario exacto para aprobar el código sancionador contra la Morosidad.
En declaraciones en el Congreso, Rivera ha insistido que si el Gobierno no aprueba este régimen sancionador en esta Legislatura, Ciudadanos registrará una proposición de Ley antes de junio.
“Es un punto fundamental para la supervivencia de pymes y autónomos y el Gobierno lleva arrastrando los pies seis años”, ha dicho, tras criticar que el Ejecutivo quiera “proteger” a unas pocas grandes empresas que pagan con un retraso de hasta 300 días, cuando la ley marca un plazo de pago de 30 días para la Administración y de 60 días entre las empresas.
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