La reforma energética se examina este martes en el Congreso con el rechazo de PSOE, IU, UPyD, PNV y BNG

El Pleno del Congreso votará este martes las enmiendas de totalidad presentadas contra el proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que han presentado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y BNG, que piden la devolución del texto al Gobierno alegando que plantea sólo “parches” con fines “recaudatorios” que perjudican la competitividad sin crear un modelo “sostenible” medioambiental o económicamente, y que supondrá un incremento en los precios que acabarán pagando los ciudadanos.

En la enmienda socialista, que recoge Europa Press, se alega que “el Gobierno, lejos de solucionar el problema, ha puesto un parche que se va a trasladar inevitablemente al precio de la electricidad, cuyos perjudicados van a ser los consumidores finales”, y no rechazan recurrir la norma por una posible inconstitucionalidad del gravamen a la producción eléctrica que incorpora.

Además, el PSOE señala que se “eleva la fiscalidad en el mercado para que las empresas eléctricas contribuyan a limitar una parte del déficit tarifario” pero “la mayoría de las subidas de impuestos no modifican el 'status quo' de la regulación para que el déficit tarifario no se siga acumulando en el futuro”.

POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD

“(El impuesto) ahonda en una clara desigualdad entre los contribuyentes, produciendo consecuencias económicas y jurídicas desproporcionadas entre los productores y dando lugar a que sea posiblemente confiscatorio, sancionador y penalizador, lo que sitúa a los contribuyentes en peores condiciones de competencia empresarial y restándoles oportunidades competitivas en el sector”, continúan los socialistas, que critican que el gravamen sólo recaerá en productores españoles.

Todo ello contraviene, según el PSOE, las directivas europeas y además no contribuye a solucionar el déficit tarifario por no “identificarse las causas” ni aportarse un mecanismo adecuado para su corrección. Alertan asimismo de los posibles efectos sobre algunas tecnologías, el riesgo de desabastecimiento de las regiones insulares y extraperiféricas, o la seguridad de suministro en el largo plazo, sobre todo por consideraciones jurídicas que ponen en riesgo las inversiones.

Tras recordar la “fuerte contestación” que el proyecto de ley ha suscitado en el sector, los socialistas lamentan que “el Gobierno ha perdido una oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad que necesita urgentemente el sector energético”.

SISTEMA OPACO

Para UPyD la reforma energética es una “asignatura pendiente” para la que la crisis constituye una “oportunidad”. Sin embargo, el proyecto de ley es “básicamente conservador, renuncia a reformar el mercado y tiene una función básicamente recaudatoria”, aunque exponga objetivos medioambientales para “encubrir” esa finalidad.

Además, alerta en su enmienda, consultada por Europa Press, de las “muy negativas” consecuencias que estas medidas tendrán en la competitividad, en el desarrollo de nuevos sectores tecnológicos “emergentes” y para la economía familiar, que será la que acabe cargando con el incremento de precios.

Y todo porque con sus medidas el Ejecutivo “no aporta claridad y transparencia” en un mercado “oscurantista”, ni se ataca la raíz del problema del déficit de tarifa, sino que hace una “imposición indiscriminada, sin consideraciones de eficiencia ni de consecuencias”, a todas las energías por igual.

Así, la formación magenta pronostica que, pese a que el único objetivo real de esta reforma es reducir el déficit, el incremento tributario supondrá una caída del consumo, lo que agravará la crisis y provocará una retracción de la recaudación, con lo que no se cumplirán las previsiones.

SE SUBESTIMA EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA

Los catalanes de CiU apuntan, por su parte, que el proyecto “posterga la definición de una estrategia energética a medio y largo plazo” y, sin embargo, “se tiende a la improvisación sin consenso, subestimando el impacto” en la economía.

También se critica la opción por una “fiscalidad recaudatoria con el único objetivo de reducir el déficit de tarifa”, algo que “se aleja de la idea de sostenibilidad energética en pro de la eficiencia y el ahorro que marca Europa”.

“Participamos del objetivo”, afirman, apostillando que ese fin debe perseguirse “a través de una estrategia energética que apueste decididamente por el ahorro y la eficiencia”. “De aplicarse (este proyecto) desequilibraría aún más al sector en su conjunto, reduciendo su competitividad y dificultando la transición hacia un verdadero modelo de eficiencia y ahorro”, insisten.

Por último, alertan de que la reforma comportará “notables incrementos en el precio de la energía” y “castiga significativamente” la competitividad industrial. “El proyecto incorpora un solo objetivo, recaudar, sin que se pueda relacionar con una estrategia de política energética eficiente, sostenible y competitiva a medio y largo plazo, ni pueda vincularse con una estrategia de política industrial”, concluye la enmienda.

MEDIDAS FISCALES “PURAS Y DURAS”

El PNV, por su parte, argumenta que la reforma tendrá “un impacto negativo en la economía y el empleo” por las afecciones a la competitividad económica y a los precios que pagarán los consumidores. Y ello sin cumplir los objetivos que se enuncian en el nombre del proyecto de ley.

“No se cumple ningún objetivo, ni medioambiental ni económico, y sólo supone puras y duras medidas fiscales para tapar el déficit de tarifa”, continúa la formación 'jeltzale', que critica que los impuestos introducidos son “discriminatorios” con fines “recaudatorios”.

En la misma línea, los nacionalistas vascos acusan al Ejecutivo de “improvisar” sin tener en cuenta los “efectos colaterales” de este “parche” que no constituye “una verdadera reforma” del sector y del modelo, ni da garantías regulatorias a largo plazo. Por eso, ha pedido la retirada “constructiva” del proyecto para plantear una reforma “con más diálogo que lleve a un modelo sostenible de verdad”.

Por su parte, la enmienda del BNG, que recoge Europa Press, también expresa su compromiso con los objetivos de la ley, pero considera que el Gobierno no avanza en “la búsqueda de la sostenibilidad y de un sistema más eficiente y respetuoso”, sino que se trata de medidas tributarias “recaudatorias” que “no son adecuadas para avanzar en una fiscalidad que desincentive la contaminación o internalice los costes” del sector.

PROPUESTA ALTERNATIVA

En cuanto a la Izquierda Plural, acompaña su enmienda de totalidad de una propuesta de legislación alternativa que fue presentada hace unos días en rueda de prensa. La coalición cree que el texto del Gobierno es “confuso, demagógico” y nada eficaz en la lucha contra los verdaderos problemas del sector energético o en el cambio del modelo productivo, además de “miope” y “cortoplacista”.

Por eso, proponen una alternativa que modifica impuestos ya existentes --como los de los hidrocarburos, para gravar por igual gasolina y diesel, o el IRPF para bonificar el uso de transporte público--, crea nuevos gravámenes --por ejemplo, sobre el almacenamiento nuclear, sobre los vertidos o sobre el uso de bolsas de plástico-- y cambia la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan poner tasas por los residuos comerciales o tengan en cuenta el certificado energético de los edificios en el IBI, entre otras propuestas.