El Congreso rechaza el veto de Podemos a la Ley de contratos públicos

La mayoría del Congreso de los Diputados ha decidido continuar con la tramitación del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en la Comisión de Economía, después de haber rechazado la enmienda a la totalidad planteada por Unidos Podemos con 255 votos en contra y 13 abstenciones.

Durante el turno de fijación de posiciones, todos los grupos de la oposición, salvo Unidos Podemos, han declinado apoyar el veto porque esto supondría demorar aún más la trasposición de unas directivas que ya van con retraso, si bien han anunciado que presentarán enmiendas parciales.

En su intervención, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que esta ley pretende garantizar que las contrataciones públicas se realizan con transparencia, eficiencia, libre competencia, de forma más simplificada y más sensible con la sociedad y el medioambiente.

Este proyecto de ley, que afecta a los más de 125.000 contratos anuales que materializan las administraciones en España (el 10 % del PIB), trata de impedir “que se produzcan episodios de fraude y corrupción como los que han ocurrido durante demasiado tiempo”.

Para atajar los altos costes de los contratos, consecuencia de bajas en las ofertas y posteriores modificaciones al alza de los costes, la norma establece que el Consejo de Estado deberá elaborar un dictámen cuando las modificaciones superen el 20 % del valor total.

Montoro ha explicado que así se restringe dicha táctica, obligando al contratante a publicar las modificaciones y creando los recursos especiales contra las modificaciones ilegales, para “evitar que puedan ser utilizadas arbitrariamente para favorecer a determinadas empresas”.

Asimismo, esta norma facilitará el acceso a los contratos a empresas medianas y pequeñas, introduciendo el documento europeo único de contratación, fomentando la contratación electrónica y realizando por defecto la división en lotes de los contratos.

También generaliza el uso de la declaración responsable, evitando a la empresa toda la burocracia si no consigue la licitación, algo que hasta ahora desincentivaba el acceso a las pymes.

La norma, que incluye también a los agentes sociales que se financien con presupuestos públicos, introduce por primera vez medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y el favoritismo y para prevenir conflictos de intereses.

Así, endurece las condiciones de las encomiendas de gestión, que pasan a llamarse encargos, dificulta el acceso a los contratos de empresas que paguen fuera de plazo a subcontratistas y proveedores e introduce medidas para garantizar que cumplen con medidas sociales o medioambientales.

En la defensa de la enmienda, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Josep Vendrell ha considerado que el proyecto de ley “supone un paso atrás en la lucha contra la corrupción y las irregularidades” porque “es demasiado continuista” y prevé, entre otras cuestiones, que los organismos establezcan sus propias normas de contratación y abre la puerta a los modificados.

La diputada socialista María Jesús Serrano ha respondido que vetar la ley implicaría “alargar en el tiempo los gravísimos problemas de corrupción” y ha abogado por mejorar la contratación pública a través de enmiendas parciales, para lo que ha avanzado que presentará “más de 500”.

Desde Ciudadanos, Fernando Navarro ha criticado que el proyecto de ley se tramite de urgencia -aunque rechaza el veto para evitar retrasos- y ha considerado que “es el momento de cambiar el foco” para garantizar la “eficiencia y competencia”.

La diputada de ERC Teresa Jordà ha criticado que la norma pretende “blindar los privilegios adquiridos por parte de las grandes empresas y grandes oligopolios” y ha avanzado que presentará enmiendas para incorporar criterios sociales y favorecer las pymes, aunque ha justificado la abstención para evitar retrasos.

Idioia Sagastizábal ha defendido el rechazo del PNV al veto porque “no podemos perder más tiempo”, aunque ha cuestionado la falta de transparencia en los contratos pequeños y la posibilidad de modificar los contratos no armonizados.