El Congreso convalida el MIFID II, que será enmendado por los partidos políticos

El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto Ley que traspone la normativa europea MIFID II y que dará más protección al inversor y avanzará en un marco regulatorio certero, aunque se tramitará como un proyecto de Ley para que los partidos políticos puedan introducir cambios.

El Real Decreto, que traspone una directiva europea cuyo plazo venció el 3 de julio de 2017 y sobre la que ya hay abierta una sanción, ha sido convalidado por 270 votos a favor, ninguno en contra y 72 abstenciones (Unidos Podemos, entre otros diputados).

Los partidos políticos han solicitado la tramitación como un proyecto de Ley, que ha sido aprobado por unanimidad.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno ha empezado ya a tramitar el reglamento que desarrollará la norma para que esté “totalmente completada” a finales de año.

El MIFID II reforzará la protección al inversor y establece el régimen de autorización, conducta y supervisión de las empresas de servicios de inversión, al tiempo que reconoce nuevas facultades de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre las novedades destaca la limitación del cobro de incentivos por asesorar a los clientes en la venta de determinados productos bancarios para evitar los conflictos de interés de la comercializadora a la hora de seleccionar los productos más adecuados para sus clientes.

También introduce nuevos requisitos para vender depósitos estructurados y aumenta la vigilancia y el control de productos.

En cuanto a las nuevas facultades de la CNMV, la norma establece que, con el fin de mejorar la labor de este organismo y el control interno de la entidad, las empresas de servicios de inversión deberán desarrollar un registro que incluya las comunicaciones telefónicas y electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes de los clientes.

La diputada del PP Teresa Palmer ha anunciado su voto positivo a una convalidación que es “fruto del trabajo” de su grupo, y ha echado en cara al representante socialista que fuera su partido cuando gobernaba el PP el que votara en contra de los decretos Guindos.

Alberto Montero, de Unidos Podemos, ha argumentado la abstención de su formación porque sería entregar un cheque en blanco a temas fundamentales que van vinculados al desarrollo reglamentario como la grabación de las conversaciones telefónicas o transacciones electrónicas, así como la prohibición de incentivos o retrocesiones y la regulación de los conflictos de interés.

No obstante ha valorado que la nueva normativa ponga “coto a los abusos financieros sufridos durante la crisis y restaure la confianza de los servicios con sus inversores”.

Desde Ciudadanos, Francisco de la Torre ha dicho que vota a favor por responsabilidad debido a la urgencia de la trasposición, y ha criticado que el Gobierno no traiga proyectos de Ley propios para garantizar la competitividad de los mercados financieros.

El diputado de la formación naranja ha vinculado esta normativa al plan presupuestario enviado a Bruselas, donde aparecen tres anteproyectos de Ley para crear nuevos impuestos, como el de las transacciones financieras, y ha criticado que en este borrador se diga que se ha aprobado una senda de déficit cuando fue rechazada en julio.

El diputado de ERC Joan Capdevilla ha dicho que a esta altura ya no se puede seguir suponiendo que todo lo que viene de Europa “es bueno”, y ha exigido una implementación mejor, al tiempo que ha dudado de que la nueva normativa quite supervisión a la CNMV en favor de otros organismos europeos.

La diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha recomendado “dejar de usar a Bruselas como una amenaza” y hacerlo bien, y también ha criticado que se deje a un futuro desarrollo reglamentario la imposibilidad de cobrar incentivos o comisiones.

Por el Foro Asturias, Isidro Martínez ha considerado que sería “grave” que las operaciones financieras inversoras se trasladaran desde centros de negociación españoles a otros de países europeos, mientras que Lourdes Ciuró i Buldó, del PDeCAT, ha recordado que España llega con retraso a la trasposición y esto tiene un coste reputacional y de sanciones, por eso ha solicitado que se tramite como proyecto de ley y ha reiterado el voto positivo del partido.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Gonzalo Palacín, ha defendido que la trasposición la haga el actual Ejecutivo después de que el anterior gobierno del PP dejara pendientes 72 directivas europeas con plazos cumplidos y 23 con sanciones abiertas.