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El Constitucional obliga a llevar a Europa la financiación del bono social

El Tribunal Supremo tendrá que elevar a la justicia europea el régimen de financiación del bono social, tras estimar un recurso de amparo del Gobierno

El Alto Tribunal tumbó en octubre de 2016 del mecanismo de financiación de estas ayudas y obligó a reformular el mecanismo

El Constitucional obliga a llevar a Europa la financiación del bono social

El Constitucional obliga a llevar a Europa la financiación del bono social

El Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles que el Tribunal Supremo tiene que elevar a la justicia europea el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía más vulnerables, tras estimar el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno.

Aunque los detalles de la decisión se conocerán en los próximos días, el alto tribunal entiende que las sentencias dictadas por el Supremo en octubre de 2016, que tumbaron este régimen al declararlo incompatible con la normativa comunitaria, lesionan el derecho a un proceso con todas las garantías.

Según explica el Constitucional en una nota informativa, la instancia anterior debería haber recabado un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de dictaminar en contra del bono social por una presunta incompatibilidad con el derecho europeo.

En octubre de 2016, la sala de lo Contencioso-Administrativo declaró inaplicable este régimen de financiación tras estimar los recursos interpuestos por EON España y Endesa.

En dos sentencias, que reconocían una indemnización a ambas compañías, los magistrados destacaban que en función de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".

Además, consideraban que el régimen quebrantaba el principio de proporcionalidad ya que "hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".

Un mes después, el Gobierno planteó un incidente de nulidad contra ambos veredictos, que obligaban a devolver a las grandes eléctricas unos 500 millones de euros según fuentes oficiales, el cual fue rechazado por la sala.

Negativa que llevó al Ejecutivo a recurrir ante el Constitucional, tras haber aprobado un real decreto con el nuevo modelo y una reforma de la Ley del Sector Eléctrico para impedir que se cortara el suministro a los hogares "extremadamente vulnerables". El Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por cargar la financiación sobre todas las comercializadoras, en lugar de hacerlo sobre las grandes eléctricas, como hasta la sentencia del Supremo.

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