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La Corte Constitucional de Ecuador rechaza la convocatoria de la consulta antiminera

En la imagen un registro de Yaku Pérez, prefecto de la provincia de Azuay, quien lidera la propuesta de convocatoria para una consulta antiminera  en su provincia.

EFE

Quito —

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La Corte Constitucional de Ecuador rechazó este viernes la propuesta de convocatoria para una consulta antiminera planteada por el prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez, al considerar que incumplía los parámetros constitucionales.

El alto tribunal señaló en un comunicado que la formulación de las dos preguntas propuestas para la consulta contra cualquier forma de minería en esa provincia del sur del país “no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.

El texto menciona asimismo que a la Corte “le corresponde analizar cada una de las preguntas bajo estrictos elementos de control constitucional”.

Y especifica que por “su importancia y posibles consecuencias”, los electores deben contar con preguntas que estén estructuradas dentro de los parámetros constitucionales y con considerandos que brinden información necesaria y neutra.

Recuerda que las preguntas deben ser claras y leales a fin de permitir que la ciudadanía pueda tomar una decisión libre que garantice materialmente su derecho constitucional a elegir.

La resolución adoptada hoy por el Pleno de la Corte con seis votos a favor, rechazó la propuesta de consulta popular de Pérez, que fue presentada el pasado 7 de enero.

La primera de las preguntas sometidas a la revisión constitucional versaba sobre la posibilidad de expandir las zonas prohibidas para las actividades mineras en Azuay como fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, además de páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles.

La segunda abordaba la suspensión de concesiones mineras metálicas.

El Comité Empresarial Ecuatoriano interpuso esta semana un recurso de amicus curiae para dar a conocer sus argumentos contra la propuesta de consulta planteada por Pérez, un conocido activista por el medioambiente y defensor de las fuentes de agua.

La provincia de Azuay tiene 815 concesiones mineras y, de acuerdo a Pérez, esto significa que “un cuarto del territorio” está comprometido con la minería metálica.

El Gobierno ecuatoriano prevé una inversión de 3.800 millones de dólares en la industria minera, a fin de que represente el 4 por ciento del PIB hasta el 2021.

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