Corte Suprema de Costa Rica determina que reforma fiscal afecta su autonomía

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica determinó hoy que la reforma fiscal aprobada en primer debate por el Congreso el pasado 5 de octubre afecta su autonomía, ante lo que sugirió una serie de cambios o de lo contrario el proyecto necesitará mayor apoyo de legisladores.

En la sesión de hoy del pleno de la Corte, los magistrados decidieron con 11 votos de 16 presentes, que la reforma fiscal afectará la independencia judicial en caso de que no haya cambios en varios artículos.

Seis magistrados de la Sala Constitucional se inhibieron de votar ante la eventual llegada del proyecto de reforma fiscal para conocimiento de ese tribunal.

Los artículos señalados por los magistrados se relacionan a reducciones de pluses salariales, una regla fiscal para contener el gasto del Estado, así como la centralización de la evaluación de desempeño de los trabajadores del sector público y de la concentración de rectoría del empleo público del Estado en el Ministerio de Planificación.

Tras la votación de la Corte Plena, el Congreso podría realizar el segundo debate pero necesitará la mayoría calificada de 38 votos de los 57 diputados que integran el Legislativo.

La primera votación de la reforma fiscal contó con el apoyo de 35 diputados, lo que obligaría al Gobierno a negociar en busca de al menos tres votos más a favor de la iniciativa.

La otra opción es que el Congreso aplique de alguna manera los cambios sugeridos por la Corte Plena.

El pronunciamiento de la Corte Plena forma parte de las consultas hechas por el Congreso a diversas instituciones estatales tras aprobar en primer debate la reforma tributaria.

Este proyecto fiscal es considerado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado como prioritario para paliar el déficit, estabilizar las finanzas, generar confianza en los mercados internacionales y evitar una crisis económica.

Según el Gobierno, el plan tributario busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para combatir el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018.

La reforma convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.

Los sindicatos comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga en rechazo a esta reforma tributaria, pues consideran que golpeará más a las clases medias y bajas.

La huelga ha ido perdiendo fuerza y según el Gobierno el 98 por ciento de los trabajadores que se mantienen en el movimiento corresponden al sector educación.

Los huelguistas realizaron hoy una concentración en las afueras del Poder Judicial para exigir el rechazo de los magistrados a la reforma tributaria y han anunciado que continuarán presionando para que la Sala Constitucional declare el proyecto como inconstitucional por el fondo y la forma en que ha sido tramitado en el Congreso.

“Este es un movimiento que defiende la canasta básica, la salud pública, la educación pública gratuita y obligatoria para todos y que en este proyecto quieren gravar con más impuestos. Este ya es un país sumamente caro para que no lo defendamos”, afirmó a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.