Decae la propuesta del Parlamento Europeo para endurecer el código de conducta de los excomisarios
La propuesta del Parlamento Europeo para congelar un 20% del sueldo que el año que viene van a recibir de Bruselas los excomisarios del equipo de Jose Manuel Durao Barroso se ha caído del acuerdo final sobre el presupuesto comunitario de 2017. Así lo han acordado las tres instituciones europeas durante la madrugada de este jueves.
A raíz del escándalo que ha generado el fichaje de Barroso por el banco de inversión Goldman Sachs, la Eurocámara amenazó con reducir el dinero que la Comisión Europea paga a sus antiguos miembros durante tres años cuando dejan el cargo para garantizar su independencia. A propuesta de los Verdes, asumida después por el grupo socialista, el Parlamento adoptó esa postura a la hora de fijar su posición sobre el presupuesto y se comprometió a retractarse si el Ejecutivo comunitario endurecía el código de conducta que deben seguir los excomisarios.
Pero las cuentas del año que viene se han aprobado finalmente sin la congelación del sueldo. Bruselas aún no ha debatido el endurecimiento de las normas, como le pedía hasta ahora el Parlamento. Estaba previsto que el colegio de comisarios tratara ayer la cuestión, pero el tema cayó del orden del día porque la agenda estaba muy cargada, según fuentes comunitarias. El código de conducta prohíbe a los excomisarios fichar por empresas privadas durante los primeros 18 meses desde que abandonan su cargo y la Eurocámara quería extender este periodo hasta los tres años.
En una reciente entrevista en el diario Le Soir, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que estaba dispuesto a aceptar esta petición para los expresidentes y planteará la posibilidad de ampliar el plazo hasta dos años para el resto de comisarios. La propuesta se discutirá en la reunión que el colegio de comisarios celebre la semana que viene.
Respecto al fichaje de Barroso por Goldman Sachs, el comité de ética del Ejecutivo comunitario encargado de analizar el caso, dijo hace dos semanas que el expresidente había respetado las normas, ya que aceptó su nuevo trabajo 20 meses después de dejas su cargo. “Barroso debería haberse dado cuenta de que” al firmar su contrato,, “causaría un daño a la imagen de la Comisión Europea” , dijo en su informe, pero “al comité no se le pidió una opinión sobre la naturaleza razonable o reprochable de su actuación, sino sobre si violó sus obligaciones legales”. La actual Comisión Europea está estudiando ahora este dictamen, sobre el que decidirá si retira la pensión vitalicia que recibe como expresidente.
El caso de Barroso, sin embargo, no es el único que ha generado malestar entre la opinión pública. El Comisario alemán de Economía Digital, Günther Oettinger, ha vuelto a levantar polémica, después de que ayer se supiera que en mayo viajó en el avión privado de un influyente empresario germano para reunirse en Budapest con el primer ministro húngaro, Viktor Orban. En su defensa, Oettinger ha alegado que ese día no había vuelos comerciales para llegar a tiempo al encuentro, pero el caso ha llegado al Parlamento Europeo, que ha pedido explicaciones a la Comisión Europea.
“Claramente, el comisario aceptó una invitación del Gobierno húngaro y debo decir que está dentro de nuestras normas que cuando un Gobierno te invita y cubren los gastos del viaje, no es visto como un conflicto de intereses”, ha dicho este jueves el portavoz de la Comisión Europea. “Si fuera suficientemente cínico, diría que” Oettinger “ha ahorrado dinero de los contribuyentes”.
Por otra parte, los Bahamaleaks han destapado que, Neelie Kroes, la excomisaria de Competencia entre 2004 y 2014, ocultó en su declaración de intereses que entre 2000 y 2009 participó en un fondo de inversión domiciliado en las islas. Además, fichó en mayo por Uber, pasados los 18 meses de rigor. También se ha sabido que la excomisaria de Cambio Climático, Connie Hedegaard, es una de las nuevas asesoras de Volkswagen, un fichaje que ha generado polémica porque entre sus antiguas funciones se encargó de regular las reducciones de CO2.
