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El Defensor del Pueblo critica el arbitraje de preferentes por no ser universal

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El Defensor del Pueblo critica el arbitraje de preferentes por no ser universal

El Defensor del Pueblo critica el arbitraje de preferentes por no ser universal

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha criticado el arbitraje puesto en marcha por el Gobierno, a través del FROB, en -Novacaixagalicia, Caixa Catalunya y Bankia-, porque no era universal y porque los expertos a los que había que entregar la documentación no eran independientes.

Así lo recoge el informe anual del organismo publicado hoy, que muestra sus reticencias al afirmar que el arbitraje no era universal ni el experto a quien el cliente debía entregar su documentación era "verdaderamente independiente".

Este dictamen contrasta con el de la Secretaría de Estado de Economía, que rechazó en su día la recomendación de Becerril al no considerar vulnerados los derechos del cliente puesto que "la intervención del experto tenía sólo un valor orientativo para el interesado y no era vinculante" ni para el consumidor ni para el propio árbitro.

Asimismo, el Defensor del Pueblo destaca que no se informaba de los motivos de no aceptación, un aspecto fundamental para la "mejor defensa de los intereses del consumidor".

Según el informe, tras el canje, los clientes mayoristas representaban 436,5 millones de un total de 449,5 millones de euros.

El organismo que dirige Soledad Becerril da por finalizadas las actuaciones iniciadas por la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por las entidades financieras de forma irregular, puesto que no ofrecieron "la debida información".

Por otro lado, la defensora del pueblo ha solicitado a la Secretaría de Estado de Economía un sistema de reclamación extrajudicial al margen del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para corregir la actitud de los bancos y proteger de forma "eficaz" al consumidor.

En este sentido, el documento indica que se sigue evaluando una posible unificación de los servicios de reclamaciones, actualmente dispersos entre el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, y recuerda que el Ejecutivo dispone aún de plazo para la aplicación de las "modificaciones legislativas necesarias".

No obstante, reconoce que el Gobierno ha aceptado parcialmente las directivas europeas de protección al cliente, al considerar tanto las alternativas para potenciar la eficacia de los servicios de reclamación y defensa del consumidor, como sus posibilidades de mejora.

El informe reconoce así que el Ministerio de Economía y Competitividad cumplió con uno de los requisitos exigidos por las autoridades europeas en el marco de la asistencia financiera a España, al incorporar algunas de las recomendaciones para mitigar "la preocupación institucional y social".

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