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El Defensor del Pueblo denuncia que Hacienda no facilita el pago de las deudas

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La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, critica la falta de flexibilidad por parte de Hacienda al tramitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias, lo que impide a muchos ciudadanos cumplir con el fisco.

Según el informe, son frecuentes los casos de contribuyentes a los que se les concede un fraccionamiento pero con cuotas que superan el importe de sus ingresos mensuales, lo que hace inviable su pago.

La defensora asegura que la Agencia Tributaria (AEAT) "no parece ser consciente de las consecuencias que conllevan sus decisiones" y denuncia que, a pesar de la difícil coyuntura económica de los últimos años, este organismo no ha contribuido a facilitar la recuperación de los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas.

Además, incide en que la Secretaría de Estado de Hacienda ha sido impermeable a sus recomendaciones y que se sigue sin hacer nada por permitir fraccionamientos de deuda con cuotas asumibles que tengan en cuenta la situación económica del contribuyente.

La defensora señala también los problemas de comprensión que para los contribuyentes supone el lenguaje empleado en las comunicaciones tributarias, especialmente en las diligencias de embargo que para muchos de sus destinatarios resulta ininteligibles.

Dentro del capítulo de quejas contra la Hacienda Pública, critica asimismo el perjuicio económico causado por la valoración catastral desactualizada de bienes inmuebles que se han depreciado durante la crisis o de parcelas rústicas calificadas como urbanizables y que nunca llegaron a desarrollarse.

La defensora se refiere a las quejas de ciudadanos por el "incremento exponencial" del valor catastral de parcelas rústicas clasificadas como urbanizables, por las que tienen que tributar como si albergaran un edificio de viviendas, un hotel o un centro comercial cuando realmente se les está dando un uso agrícola y no hay perspectiva de que se vayan a urbanizar en los próximos años.

El informe señala que ya se ha modificado la ley para adecuar los suelos a su auténtica naturaleza, pero puntualiza que aún no se han corregido las situaciones denunciadas porque los municipios se están demorando en actualizar el padrón catastral.

La ley también prevé aplicar coeficientes correctores a la valoración catastral para compensar la depreciación del mercado inmobiliario, pero destaca que es un procedimiento voluntario que tienen que solicitar los propios ayuntamientos para poder corregir la valor del terreno a efectos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles.

Lo que no recoge la ley, según destaca el informe, es la compensación de la depreciación de bienes inmuebles por la acción u omisión administrativa, como al desaparición o reducción de servicios, el deterioro de las calles o parques, etc.

Por otra parte, la defensora hace referencia a que Hacienda no reconoce la equiparación en materia fiscal de las parejas de hecho al existir una laguna jurídica que obliga a los ciudadanos "a pedir día tras día" el reconocimiento de unos derechos de los que disfrutan otras personas en idénticas circunstancias solo porque optaron por el matrimonio.

"No parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida por la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no se conseguirían", dice el informe, que señala que Hacienda ha rechazado su recomendación de equiparar en este sentido a parejas de hecho y matrimonios.

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