El Defensor del Pueblo muestra preocupación por la brecha digital en España

El Defensor del Pueblo advierte de la brecha digital que “separa a los habitantes de las zonas menos pobladas” de los de otras áreas como las capitales o el litoral, y asegura que el acceso a Internet “en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los ciudadanos” preocupa a la institución.

En su informe sobre 2019, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, recuerda que aún se carece de un reglamento que regule la prestación de los servicios de telecomunicaciones, del servicio universal y de la protección de los usuarios, una “laguna” que, aunque se ha tratado “soslayar” con la Ley General de Telecomunicaciones, “está lejos de dar una adecuada respuesta”.

Entre otros temas, el documento, presentado este miércoles en las Cortes, destaca los problemas de acceso a la telefonía móvil en zonas poco pobladas, donde el servicio “no queda garantizado” a unos ciudadanos que en 2019 siguieron remitiendo sus quejas a la institución.

Según explica el Defensor, una vez que se trasladó dicha información tanto a la Secretaría de Estado para el Avance Digital como a los operadores, “las contestaciones ponen de manifiesto que en la adopción de decisiones priman las estrategias de carácter técnico y comercial de las compañías”.

En telefonía fija, en el último año volvieron a repetirse las quejas de los usuarios respecto a la demora en la tramitación de las solicitudes de portabilidad y traslado de líneas de telefonía, si bien estas incidencias “se solventan habitualmente tras el inicio de las correspondientes actuaciones”.

Asimismo, se recibieron escritos de abonados beneficiarios del servicio de “teleasistencia domiciliaria” que habían sufrido una interrupción en la prestación del servicio de telefonía, un problema que el Defensor del Pueblo comunicó a los operadores y la Secretaría de Estado “para que se adopten con celeridad las medidas oportunas”.

Mientras, en los casos en los que no existía tal urgencia, se procuró que el operador proporcionase una indemnización por los perjuicios ocasionados, según lo previsto en la carta de los derechos del usuario de los servicios de comunicación electrónica.

Otra de las cuestiones recurrentes en 2019 fue la facturación por las llamadas a los servicios de atención al cliente de las empresas que habilitan números de teléfono 901 y 902.

La institución apela a la normativa comunitaria, reforzada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que prevé que en caso de que el comerciante habilite una línea telefónica para comunicarse con él en relación a un contrato, el consumidor no está obligado a pagar más de la tarifa básica.

En este sentido, la Administración afirmó “ser consciente del problema planteado y que tenía previsto impulsar la modificación legislativa propuesta cuando la reanudación de la actividad legislativa lo permitiera”.

También prosigue el seguimiento en lo relativo al acceso a Internet, una cuestión “que preocupa” al Defensor del Pueblo “por suponer una brecha digital que separa a los habitantes de las zonas menos pobladas, generalmente el interior de la península, de los de las áreas más pobladas, como las capitales o la zona litoral”.

Este tema, indica el informe, fue tratado con el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, que remitió a la Agenda Digital Europea, la cual establece, entre sus objetivos, la accesibilidad a redes de nueva generación para todos, a más tardar en 2020, lo que implica garantizar la plena conectividad territorial.

De este modo, anuncia, en los próximos informes se valorarán los planes actualmente puestos en marcha, como el programa de extensión de banda ancha de nueva generación, las ayudas al fomento de la demanda de banda ancha fija a 30 Mbps, o la iniciativa “Escuelas Conectadas”, que prevé llegar a más de cinco millones de alumnos de centros públicos.