Empresas catalanas rechazan el decreto de transición energética si no se corrige

Diferentes agrupaciones empresariales catalanas se han dirigido a los diputados catalanes del Congreso de los Diputados para pedirles que voten en contra del Real Decreto Ley (RDL 15/2018) de Transición Energética “si no se corrige el redactado durante estos días de trámite parlamentario”.

Patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica han dicho que hay una “satisfacción parcial” por la aprobación del RDL, ya que consideran que se deben corregir aspectos como “el agravio comparativo originado por el anterior Gobierno a las industrias catalanas de alta tensión”.

En un comunicado, las entidades han destacado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya “expresado la voluntad del Gobierno de restablecer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de electricidad y devolverle las competencias”.

Asimismo, las patronales han señalado que el RDL 15/2018, aprobado con medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, incluye medidas para favorecer el autoconsumo y también liberaliza la recarga de los vehículos eléctricos.

“Sin embargo, el redactado propone un cambio de tarifas de alta tensión que, sin ningún criterio técnico, dejan en desventaja competitiva a 4.450 empresas en España, 3.277 de ellas ubicadas en Cataluña y el resto, principalmente en Aragón y Extremadura”, han denunciado las organizaciones empresariales.

El cambio de tarifas alta tensión que convierte la tarifa 6.1b (consumidores conectados entre 30 y 36 kV) en 6.2 supone un sobre coste de 300 millones de euros anuales a estas 3.277 empresas catalanas que están conectadas a 25kv, han precisado las patronales.

“Cambiar a la tarifa más reducida 6.2 beneficiará tan sólo a unas 1.200 empresas que obtienen una ventaja económica consistente en la reducción del coste del suministro eléctrico”, han subrayado las asociaciones de empresas, por lo que proponen incluir en la tarifa 6,2 a las empresas con niveles de tensión de peaje a partir de 25kV.

El mes pasado, las entidades ya pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez que devolviera las competencias en la fijación de precios de peaje a la CNMC y que se corrigiera el nivel de potencia de conexión en el cambio de tarifa hacia la 6.2.