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Enagás prevé que deuda acumulada del sistema se elimine en la mitad de tiempo

EFE

Madrid —

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El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho hoy que si se aplica todo el superávit que está generando el sistema gasista español a pagar la deuda que acumula, ésta quedaría eliminada en 2024, prácticamente la mitad del plazo que se había previsto, que era de 15 años a partir de 2016.

Llardén, en una conferencia con analistas para presentar los resultados de la compañía en el primer semestre de 2017, ha recordado que el sistema se encuentra en superávit desde el año pasado, lo que, en su opinión, demuestra que la reforma que hizo el Gobierno “está funcionando en la buena dirección”.

Ha explicado que el regulador estableció el periodo de quince años porque la previsión de demanda media era inferior a la que está habiendo y ha indicado que la previsión que hace Enagás para la eliminación de la deuda no contempla la subida de peajes, cuyas tarifas no se aumentan desde 2014.

Los cálculos de Enagás prevén que el pago de la deuda generada por los déficit que tuvo el sistema gasista se anticipe de 2031 a 2024, según Llardén.

Ha señalado que con el buen comportamiento del sistema gasista, que ya se encuentra en equilibrio financiero, el Gobierno, en su planificación del nuevo periodo regulatorio 2020-2025 no tendría que tomar medidas extraordinarias, aunque ha recordado que “los designios de los reguladores, como los del Señor, son inescrutables”.

Respecto a la titulización de la deuda, Llardén ha indicado que se puede producir a lo largo de 2017, pues no hay ningún obstáculo legal o político para ello, aunque ha recordado que requiere de “trámites pesados” que no se resuelven con una orden ministerial.

No obstante, ha mostrado su confianza en que el proceso de titulización irá adelante, pues el sistema ha evolucionado positivamente y tiene ya un equilibrio muy claro.

Preguntado acerca de si el Ejecutivo maneja algún documento de cara a la nueva regulación del sistema, Llardén ha dicho que no conoce que exista ninguno, pues de acuerdo a los plazos establecidos, dos años antes del final de la actual regulación, se iniciará un estudio, en 2018 se podría tener un documento previo para en 2019 definir la nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

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