Entran en vigor las normas europeas sobre procesos de insolvencia entre países

Las nuevas normas sobre los procedimientos de insolvencia transfronterizos entraron hoy en vigor en la Unión Europea, un reglamento que aspira a facilitar el cobro de las deudas y la reestructuración de las empresas en dificultades.

La nueva normativa permitirá a las empresas la reestructuración y a los acreedores la recuperación de su dinero, garantizando unos procedimientos colectivos “efectivos y eficientes” para el cobro transfronterizo de deudas, explicó en un comunicado la Comisión Europea.

El reglamento pretende resolver los conflictos de jurisdicción y legislación en los procedimientos de insolvencia transfronterizos y, además, garantizar el reconocimiento de las sentencias relacionadas con la insolvencia en toda la UE.

El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, declaró que en un “verdadero” mercado interior las empresas que se hayan de reestructurar “no deben verse obstaculizadas” por conflictos sobre la legislación nacional que debe aplicarse.

Tampoco las fronteras nacionales deberían ser un problema para que los acreedores “recuperen lo que se les adeuda”, afirmó Timmermans.

Por su parte, la comisaria europea de Justicia y Consumidores, Vera Jourová, aseguró que el nuevo reglamento “impedirá el turismo concursal”, es decir, que un deudor se traslade para declararse en quiebra a otro país donde la jurisdicción sobre insolvencia es más favorable.

“Con las nuevas normas propuestas sobre reestructuración y segundas oportunidades, el marco de insolvencia eliminará barreras a las inversiones y apoyará a los empresarios honrados”, añadió.

Las nuevas normas que entran en vigor hoy se aplican a un conjunto más amplio de procedimientos nacionales de reestructuración, ya que algunos, aún siendo “modernos y eficientes”, no estaban regulados por el antiguo conjunto de normas, y en consecuencia no podían utilizarse en casos transfronterizos.

Asimismo, contemplan una mayor seguridad jurídica: si un deudor se traslada poco antes de tramitar el procedimiento de insolvencia, el tribunal tendrá que comprobar que el deudor no está actuando como “turista concursal”.

Por otra parte, aumentan las oportunidades de rescatar a las empresas, ya que se evitan los “procedimientos secundarios” , aquellos que son iniciados por los tribunales en un país de la UE que no sea aquel en el que tenga su domicilio social la empresa.

El reglamento introduce un marco para los procedimientos de insolvencia de grupo que aumentará la eficiencia de los trámites en los que estén implicados diferentes miembros de un grupo de empresas, según el comunicado del Ejecutivo comunitario.

Por último, se prevé una vinculación que permita que todos los registros nacionales de insolvencia electrónicos estén interconectados para el verano de 2019.

En 2012, la Comisión presentó una propuesta con el fin de reforzar la administración efectiva de los procedimientos de insolvencia transfronterizos, que fue adoptada por la Eurocámara y el Consejo de la UE el 20 de mayo de 2015.