España gana fuerza en el sistema bancario luso, todavía en reestructuración

La toma del control del Banco Portugués de Inversiones (BPI) por parte del Caixabank refuerza la posición de España entre los principales actores bancarios de Portugal, donde preocupa la situación del sector financiero, aún pendiente de más reestructuraciones.

La opa ha dejado en manos de los catalanes el 84,5 % del capital del BPI y con ello el control del quinto mayor banco de Portugal, que pasa a estar integrado en el grupo Caixabank, como afirmaron los líderes de ambos bancos en la presentación de los resultados de la opa celebrada en Lisboa.

Aunque mantendrá su marca en Portugal, los medios lusos coinciden en destacar el nombramiento del español Pablo Forero como futuro consejero delegado del BPI, quien se convertirá en el primer extranjero que asume el liderazgo ejecutivo de uno de los grandes bancos del país.

La llamada “españolización” de la banca fue muy criticada en Portugal hace un año, cuando se convirtió casi en un asunto de Estado y economistas, empresarios, políticos y otras autoridades alertaron sobre el peligro que suponía dejar gran parte del sector en manos españolas.

Esta vez parece que la tormenta se ha calmado e incluso el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovechó su visita a Madrid esta semana para asegurar que es “favorable a una presencia fuerte” de España en el sector, siempre que no exista un monopolio.

Con la jugada del Caixabank, los españoles ya controlan más del 27 % de la banca lusa en volumen de activos, según se desprende de los últimos datos aportados por la Asociación Portuguesa de Bancos y recogidos por Efe.

También el cuarto mayor banco del país es español. El Totta, división lusa del Grupo Santander, ganó terreno en Portugal a finales de 2015 cuando compró el Banif, ya integrado totalmente en la entidad española.

Parece que la decisión fue acertada: los resultados del Totta mejoraron más del 35 % en 2016 y fue la división del Grupo Santander que más aumentó sus beneficios el año pasado.

El Santander no piensa en salir de Portugal y la propia Ana Botín acaba de inaugurar un nuevo edificio en Lisboa que aglutinará a la mayoría de sus trabajadores en la capital, en el que ha invertido 28,5 millones de euros.

Además del Caixabank y del Santander, otras entidades españolas también tienen negocio en Portugal, aunque de menor dimensión.

Bankinter desembarcó en suelo luso en 2015 con la compra de las 84 sucursales de Barclays y ya ha expresado su intención de apostar por este mercado, que espera que represente el 10 % del ingreso total del grupo en dos años, según desveló en enero la consejera delegada, María Dolores Dancausa.

En dirección contraria van el BBVA y el Banco Popular, ambos inmersos en un proceso de reestructuración que reducirá su presencia en suelo luso.

El BBVA apenas cuenta con 14 oficinas, según su web, y enfocó su actividad hacia el sector empresarial y la banca digital.

Por su parte, el Popular anunció recientemente que su división lusa se convertirá en una sucursal de la entidad española, además de cerrar casi medio centenar de oficinas y recortar unos 300 empleados como parte de la reestructuración que afecta a todo el grupo.

Además, el Banco Sabadell vendió en diciembre la posición del 5 % del capital que mantenía en el Banco Comercial Portugués (BCP), principal entidad privada del país.

Los últimos grandes movimientos han configurado el mapa actual del sistema bancario luso: una gran entidad pública de capital 100 % portugués, la Caixa Geral de Depósitos (CGD); un BCP donde chinos y angoleños se dividen el poder; dos bancos controlados por españoles (BPI y Totta), y el Novo Banco, cuyo futuro está en el aire.

La situación del Novo Banco sigue siendo la principal incógnita de un sector que todavía no ha concluido su reestructuración.

Las autoridades siguen negociando con los dos candidatos -Lone Star y el consorcio Centerbridge/Apollo, todos estadounidenses-, pero la concesión de una garantía estatal para proteger al futuro dueño sigue bloqueando el proceso y la nacionalización se postula como alternativa.

La CGD no ha concluido todavía una recapitalización que ronda los 5.000 millones de euros y está bajo una reestructuración que prevé la salida de 2.200 empleados y la posible venta de su negocio en España, Brasil y Sudáfrica, mientras que el propio BPI tiene que cerrar aún medio centenar de oficinas y recortar 900 trabajadores.

Queda pendiente también una solución para el elevado nivel de crédito moroso de todo el sector, para lo que se estudia la creación de una especie de “banco malo”.