El Estado y Bankia se disputan ser beneficiarios en exclusiva de las “black”

Los abogados del FROB (el brazo financiero del Estado tenedor de las participaciones en entidades rescatadas) y de Bankia que ejercen la acusación particular en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid se han atribuido hoy de forma excluyente el papel de perjudicados, y por tanto el de beneficiarios, de los importes desembolsados con las visas una vez que sean recuperados.

El letrado del FROB, Fernando Aizpún, ha explicado que debe ser este organismo quien perciba estas cantidades puesto que es “la entidad perjudicada” y quien saneó “con fondos públicos” y “por imperativo legal” la caja “para preservar la estabilidad del sistema financiero”.

En el mismo sentido se ha manifestado el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, pero defendiendo que es la entidad financiera, que recibió los activos financieros segregados de Caja Madrid, a la que deben restituirse los fondos.

Durante su intervención, Aizpún ha refutado los argumentos expuestos por los abogados defensores y ha hecho suya la “prolija y minuciosa” exposición que hizo el pasado lunes el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluido lo relativo a una reducción de las penas para los acusados que consignaron los importes gastados.

En su opinión, ha quedado claro que el sistema de estas tarjetas era ilegal, y no estaba soportado por ningún argumento jurídico ni por los estatutos de la caja, extremo al que también se ha referido el abogado de Bankia, que ha añadido que tampoco había referencia alguna en el folleto de salida a bolsa

Aizpún ha querido destacar el “protagonismo” en el mantenimiento del sistema de las tarjetas tanto del expresidente Miguel Blesa como, en menor medida, la de Rodrigo Rato, así como la “necesaria cooperación” por parte del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj.

Los tres, ha remachado el abogado de Bankia, pueden considerarse los “verdaderos artífices” de un sistema que desde el comienzo “era opaco, 'black', desde cómo se gestionaban a cómo se contabilizaban, cómo se omitía información corporativa y cómo eran tratadas de forma particular y subrepticia”.

Por lo que respecta al tratamiento fiscal de los gastos, Burkhalter ha asegurado que no es creíble que, en estos años, los acusados, entre los que hay “profesores, avezados empresarios e inspectores de Hacienda” no advirtiesen que no estaban incluidas las retenciones en su certificado de haberes.