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Facua pide personarse como acusación en la investigación de la Audiencia Nacional contra Iberdrola

Fachada de la Audiencia Nacional.

elDiario.es

Facua-Consumidores en Acción ha presentado este jueves un escrito en la Audiencia Nacional solicitando su personación como acusación popular en el caso abierto contra la eléctrica, según el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. El juez Ismael Moreno ha aceptado la denuncia presentada a principios de abril por la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal, castigado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

La Fiscalía acusa a Iberdrola Generación, filial de la eléctrica, de urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener un beneficio de más de 20 millones de euros a finales de 2013, en plena escalada del mercado mayorista de electricidad. “Iberdrola, con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda” entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013, según la denuncia de Anticorrupción. 

El portavoz de Facua recuerda que la asociación de consumidores ya denunció estos mismos hechos ante la Fiscalía a finales de 2015, tras la sanción de 25 millones que impuso a la eléctrica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por esta conducta.

Esa denuncia, que también se basaba en el artículo 281 del Código Penal, fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, donde tiene su sede social Iberdrola. Esta instancia no apreció indicios delictivos y archivó las actuaciones en febrero pasado, con el argumento de que “la disminución en la producción [hidráulica] no va acompañada de una retirada del mercado del producto a suministrar, sino del medio o fuente de energía del que se obtiene, lo que no significa detraer, sino sustituir o reemplazar para lograr la alteración del precio, que no constituye la acción típica exigida por el precepto penal”.

Con esa conducta por la que ahora se abre la vía penal contra Iberdrola, la empresa logró un beneficio que la CNMC estimó en 21,5 millones de euros y que Anticorrupción considera “superior a los 20 millones”. Ese “artificio”, en expresión de la Fiscalía, coincidió con un contexto de escalada de precios en el denominado 'pool' eléctrico que forzó la anulación de la subasta trimestral (Cesur) con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.

La práctica que ahora investiga la Audiencia Nacional consistió en elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Ismael Moreno actualmente instruye otra causa por fraude a los consumidores en el que Facua actúa como acusación particular, el caso Volkswagen, por la manipulación en los motores de los vehículos de la multinacional alemana. En este caso, Facua representa a cerca de 7.000 afectados. “Somos la principal acusación por número de personas”, indica Sánchez.

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