El presidente imputado de Pescanova presenta su dimisión

Manuel Fernández de Sousa ha presentado su dimisión como presidente de Pescanova este miércoles durante la reunión del consejo de administración de la compañía, que tiene lugar en la sede de la firma en la localidad pontevedresa de Chantada, según confirmaron fuentes conocedoras de esta decisión.

En dicha reunión también se ha acordado la convocatoria de la junta de accionistas para el próximo 12 de septiembre en primera convocatoria donde estaría previsto que dimitieran los miembros del consejo de administración en bloque.

El directivo gallego, sin poderes ejecutivos ni patrimoniales por orden judicial, ha permanecido al frente de la compañía durante 37 años y está pendiente de ser llamado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras ser imputado por varios delitos.

Fernández de Sousa había adelantado a hoy la reunión del consejo de administración de la multinacional pesquera que estaba prevista para el 31 de julio, tras conocerse la semana pasada la auditoría 'forensic' realizada por KPMG.

El consejo mantiene el orden del día previsto en la anterior convocatoria, pero se ha adelantado dos semanas con el fin de agilizar y dar rapidez a cualquier decisión que haya que tomar de cara al futuro de la multinacional, y que finalmente ha acabado con la dimisión de Fernández de Sousa como presidente de la compañía.

En la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 10 de junio, Fernández de Sousa fue refrendado para continuar al frente de la compañía, pese a la petición del bloque 'crítico' de que dejase el cargo.

En esa ocasión, el directivo gallego recibió el respaldo por mayoría de los consejeros, que le ratificaron en la presidencia de la multinacional pesquera con seis votos a favor y cuatro en contra, tras la petición de dimisión por parte de Damm, punto del orden del día que fue apoyado por otros consejeros como Luxempart, Iberfomento y Yago E. Méndez.

La renuncia de Fernández de Sousa se produce después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revela que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran “instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida”, por miembros de la cúpula directiva.

En concreto, el informe concluye que el objetivo de estas prácticas era presentar una deuda financiera inferior a la real y, como consecuencia, unos resultados superiores a los realmente generados. De hecho, cuantifica que la deuda financiera a 31 de diciembre de 2012 era de 3.281 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 927 millones de euros.