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Fomento acepta asumir el sobrecoste de expropiaciones en el rescate de las autopistas

Un mes después de aprobar una norma en sentido contrario, el Ministerio cede ante concesionarias y banca y acepta la responsabilidad patrimonial para salvar el ‘banco malo’ de las radiales

El secretario de Estado de Infraestructuras afirma que el Estado “honrará su obligación patrimonial y las sentencias dictadas” por una suma que podría suponer 2.300 millones

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ACS y Sacyr, y Abertis y Bankia, se enfrentan por sus participaciones en dos autopistas radiales

Las autopistas radiales de Madrid están en quiebra.

El Ministerio de Fomento da marcha atrás, sólo 40 días después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto, por el que se liberaba con efecto retroactivo al Estado de la “responsabilidad patrimonial” por el presumible sobrecoste de unos 2.300 millones de las expropiaciones de una decena de autopistas radiales en quiebra.

En un encuentro de la Asociación de Periodistas Económicos (Apie), Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras ha reconocido que la fórmula de rescate de las radiales mediante la creación de un llamado ‘banco malo’ es seguramente la “mejor y más viable entre las posibles”. Además, declaró tajante que el Estado “honrará sus obligaciones” y que asumirá el pago de las compensaciones correspondientes a los propietarios de los terrenos sobre los que, en su día, se construyeron las radiales que ahora están en quiebra.

En esta misma dirección afirmó que el Gobierno acata las sentencias que han dictado los tribunales” y que “lo lógico” es que las indemnizaciones sean satisfechas por la sociedad pública (el banco malo) que, “si finalmente se llega a un acuerdo con las concesionarias y los bancos”, se hará cargo de la explotación de las radiales ruinosas.

Irresponsabilidad retroactiva

El 24 de enero la ministra de Fomento, Ana Pastor, compareció tras la sesión del Consejo de Ministros para dar cuenta de que el Gobierno acababa de aprobar una “reducción de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración” (RPA) en aquellas concesiones de autopistas en las que Fomento se vea obligado por los tribunales a pagar expropiaciones por la insolvencia de las concesionarias.

Pastor recordó que los contratos de concesión por los que se construyeron en su día las carreteras de peaje establecieron que el justiprecio de los terrenos expropiados "debería ser abonado por la sociedad concesionaria", pero que los tribunales estaban dictando sentencias que “obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria por estar declarada en concurso de acreedores”.

La intervención en el asunto del Consejo de Ministros fue interpretada por las concesionarias y por los bancos acreedores como una ruptura del proceso de creación del ‘banco malo’ de las radiales. Según su diseño inicial, esta nueva empresa debía asumir los activos de las compañías en dificultades, mientras que las concesionarias mantendrían una participación del 25%. La posterior puesta en explotación, ya desde el sector público, de las radiales ruinosas se produciría una vez que la banca acreedora hubiera aceptado una quita del 50%. En el futuro, se podría volver a privatizar los activos una vez saneados.

Tras la ruptura formal entre Fomento, empresas y bancos, en febrero se han producido toda suerte de advertencias, y las partes han jugado al escenario de que la única salida a la situación de bloqueo sería la liquidación de las concesiones y de las concesionarias con un coste que superaría los 5.000 millones.

Rectificación de Fomento

Las declaraciones de Rafael Catalá suponen una rectificación en toda regla por parte del Gobierno. Sin embargo, no supone una vuelta al diseño inicial del ‘banco malo’ sino que se asumen por los protagonistas algunos retoques significativos. El nuevo modelo está enfocado a asegurar que, desde su creación y en los próximos años, los pasivos que asume la nueva empresa pública no puedan “computar como deuda del Estado”.

Así, las empresas concesionarias renuncian a tener participación alguna en el capital de esta sociedad y será precisamente sobre el balance del ‘banco malo’ (y no del Estado) sobre quien recaigan los posibles sobrecostes derivados de presumibles sentencias judiciales en las reclamaciones por el precio de las expropiaciones.

Catalá reconoció que era una “operación muy compleja y con aspectos técnicos muy delicados” por su empeño en evitar que los pasivos computen como deuda del Estado. Por ello no desechó que finalmente pueda adoptarse una solución por “la vía de la liquidación”.

En el caso del otro banco malo, el de original del sistema financiero, se escapó de esta posibilidad de afectar a la deuda pública con su balance gracias a que se contó con capital privado equivalente al 55% de la entidad.

La patronal se apunta

Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan, participó también en el encuentro de la Apie. Pese a la reticencias mostradas por la patronal de las concesionarias en la fase inicial del proyecto de creación del ‘banco malo’, se mostró firme partidario de la solución. En el problema de la responsabilidad patrimonial por el sobrecoste de las expropiaciones afirmó que “quien tiene que pagarlas es el modelo”. Preguntado que a que modelo se refería, aseguró que “a la nueva sociedad pública”. En su opinión “el riesgo no puede ser transmitido a la parte privada”.

Sobre el papel “vigilante” que juega Europa en la creación del ‘banco malo’, Núñez afirmó que “la solución tiene que ser fiable y evitar que haya impacto en la deuda. Hay que justificar que la solución de la liquidación no sea más barata que la de la creación de una nueva sociedad pública” y reconoció que el hecho de que su capital será al 100% del Estado “facilita la fórmula”. Sobre la aportación al proceso de los bancos acreedores dijo que “en realidad no hacen una liquidación de deuda del 50% sino que se renegocian a la baja los intereses que se pagan a largo plazo, lo que en la práctica se convierte en una quita muy significativa”.

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