Fomento confía en cerrar acuerdo de infraestructuras en los próximos meses

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha confiado hoy en que en los próximos meses se pueda alcanzar un acuerdo nacional sobre infraestructuras con consenso político y territorial, y que cuente con la participación del sector para aclarar cuestiones técnicas.

Tras su participación en un curso sobre infraestructuras de la Universidad Menéndez Pelayo y la patronal constructora Seopan, Gómez-Pomar ha explicado a la prensa que ya existe un “primer documento” que se quiere ir viendo con los distintos grupos parlamentarios, y ha afirmado que sería una “muy buena noticia” que se pudiera concluir de forma satisfactoria en los próximos meses.

Lo importante, ha añadido, es que haya consenso sobre cuáles son las prioridades de España en materia de infraestructuras y transportes, cómo controlar y evaluar su construcción o cómo financiarlas.

En su opinión, es necesario que la asignación de recursos “goce con el consenso y la conformidad de todos” y que las actuaciones que se hagan en materia ferroviaria, viaria o de puertos estén “alineadas”.

“El objetivo es que haya continuidad en estos objetivos a lo largo del tiempo y más allá de los gobiernos porque es algo muy positivo para infraestructuras españolas”, ha dicho Gómez-Pomar sobre el acuerdo, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se había puesto por objetivo sacar adelante a lo largo del primer semestre.

Durante su intervención en el curso, ha subrayado la importancia de contar con la participación de los profesionales para que opinen sobre las cuestiones técnicas que están en el discurso político, como por ejemplo la incorporación de un tercer carril a las vías férreas o por dónde se incorpora el ancho de vía internacional.

Además, ha abogado porque las regiones indiquen cuáles son sus necesidades en materia de infraestructuras y ha avanzado que de mantenerse el crecimiento económico y la contención del déficit, en los próximos años aumentarán los recursos destinados a la inversión.

Según Gómez-Pomar, una de los cuestiones que se debería incorporar al acuerdo es saber qué hacer con las autopistas de peaje, cuyo plazo concesional vencerá en los próximos años.

A fecha de hoy, la decisión del Gobierno es que no se extenderán los plazos y que ya se tomarán las decisiones oportunas cuando vayan revirtiendo al Estado, ha recordado.

En este sentido, el presidente de la patronal Seopan, Julián Núñez, ha abogado porque se mantengan los peajes, y ha advertido de que su eliminación en el caso de las cuatro que vencerán en los próximos años restará 450 millones de euros anuales en concepto de retorno fiscal y gasto en conservación.

Núñez ha lamentado que en los últimos doce años se han elaborado tres planes distintos de infraestructuras, que no han servido para fijar las prioridades del país ni el modelo de financiación que se necesita.

“El desafío es lograr el consenso político y un pacto por las infraestructuras que fije qué hacer, cómo hacerlo y cómo financiarlo”, según Núñez, quien ha señalado que la financiación público privada lleva desaparecida desde 2012.