De la Serna asume que el conflicto con los fondos buitre sobre las radiales se resolverá en los tribunales

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ve complicado alcanzar un acuerdo con los fondos acreedores de las autopistas en quiebra en torno a lo que habrá que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) por lo que prevé que el asunto terminará en los tribunales.

“Cualquier acuerdo con los fondos pasa por conseguir una reducción de lo que tenemos que pagar por la liquidación de las vías porque, de lo contrario, estaríamos premiando a esos fondos”, indicó el titular de Fomento. Los fondos buitre (que se quedaron en torno al 75% del pasivo de las nueve autopistas quebradas) se han mostrado dispuestos a una quita e incluso a acomodar los plazos y la forma de pago para aminorar el impacto en el déficit de la RPA, con alternativas como, por ejemplo, cobrar vía bonos del Estado, aunque no se han puesto de acuerdo en la cifra, informa Efe. Unos parten de una estimación de 4.500 millones y otros de 2.000, aunque el Gobierno ahora no quiere admitir esta última cifra que envió a Bruselas.

“Yo creo que hubo tiempo para eso -un posible acuerdo- y ahora mismo estamos fuera de plazo”, ha dicho De la Serna en declaraciones a la prensa tras participar en EFEForo Líderes.

Si los fondos plantearan una “oferta extremadamente atractiva”, el Ejecutivo lo reconsideraría, “pero mucho me temo que eso no se va a producir” porque las conversaciones que mantuvo el Gobierno con los fondos “están muy alejadas para que se pudiera llegar a un acuerdo”.

Pese a no dar cifras concretas, el ministro ha asegurado que saben “por dónde pueden ir las cosas” en cuanto a la magnitud de la RPA y ha dicho que cualquier acuerdo pasaría por conseguir reducir lo que se va a tener que pagar como consecuencia de los procesos de liquidación.

Durante su intervención en el foro, el ministro dijo sobre la RPA que “no hay cifra ni la habrá”, pues esta se irá conociendo a medida que finalicen las procesos de liquidación de las concesionarias en quiebra, y que “sospecha” que esa cifra no será compartida por los acreedores que podrán recurrir ante los juzgados para que sea un juez el que dirima la cuantía.

Fuentes cercanas a los fondos han asegurado a Efe que están dispuestos a una quita para alcanzar lo antes posible un acuerdo que evite que el asunto acabe de nuevo en los tribunales por discrepancias en torno a la factura que se les adeuda y que cifran en unos 4.500 millones de euros.

En el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas, el Gobierno detallaba que el gasto en inversiones se vería afectado por “la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores”.

El Gobierno tiene previsto volver a licitar este mismo año las autopistas en quiebra en dos lotes y obtener así ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros para minorar el impacto en las cuentas públicas de la RPA.

El Ministerio de Fomento cuenta con un plazo de seis meses para calcular la 'factura' de RPA de cada una de las nueve autopistas quebradas desde la fecha en que se resuelve el actual contrato de concesión de la vía y la 'rescata', informa Europa Press.

Estos plazos comenzarán así a correr próximamente, toda vez que el Departamento prevé iniciar este 'rescate' el próximo mes de febrero, cuando asumirá la primera de las autopistas, la radial R-4 Madrid-Ocaña. Posteriormente, en marzo espera quedarse con el grueso de las vías, esto es, las otras tres radiales (R-2, R-3 y R-5), la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas y la Ocaña-La Roda.

Asimismo, un juez fijó la pasada semana el 1 de abril como fecha para que se quede con la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera y, en último término, asimirá la AP-41 Madrid-Toledo, vía que aún está en proceso concursal y aún no ha llegado a la liquidación.

El calendario del rescate deriva precisamente del distinto ritmo que siguen los procesos concursales en que las autopistas, que suman una quinta parte de la red de pago del país, están inmersas desde 2012, cuando se declararon insolventes por el desplome de los tráficos y los sobrecostes de las expropiaciones.

El plan de Fomento para estas vías pasa por asumirlas, explotarlas para que sigan en servicio y volver a ceder su explotación a empresas privadas antes de que concluya el año. Para ello, las sacará en concurso en dos lotes, una operación con la que espera cobrar entre 700 y 1.000 millones que destinará a aminorar la 'factura' de la RPA.