Fomento ve receptividad a lograr un plazo de 9 meses para asumir las radiales

El secretario de Estado de Infraestructuras en funciones, Julio Gómez-Pomar, ha asegurado hoy que confía y espera que el juez les autorice un aplazamiento de 9 meses para asumir las radiales en quiebra y ha asegurado que hay receptividad por parte de la administración concursal a ello.

En este sentido, ha reiterado que Fomento está trasladando a los administradores concursales que para hacer una absorción “cabal” de las radiales sería oportuno lograr más meses de plazo de forma que si la Administración tiene finalmente que prestar este servicio lo haga sin ningún problema.

Asimismo, ha añadido que Fomento acatará la decisión que adopte el juez y que se llevará a término sea cual sea, ha insistido tras intervenir en un acto sobre el papel del sector de la construcción en el crecimiento económico.

El futuro de las radiales madrileñas R-3 y R-5 afronta días clave a la espera de que el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid decida si acepta la propuesta de Fomento de concederles 9 meses más de plazo para asumir la explotación de estas carreteras de peaje.

En el caso de no conseguir este plazo adicional, Fomento tendría que encargarse de la gestión de estas autopistas, que podrían quedar cerradas al tráfico a partir del próximo 1 de octubre, tal y como fijó en mayo el juez Francisco Javier Vaquer.

La R-3 y la R-5 fueron declaradas en concurso de acreedores en octubre de 2012, al no poder asumir su deuda financiera y lastradas por el coste de las expropiaciones y la caída de los tráficos, coincidiendo con la crisis económica.

Para solventar los problemas económicos que atravesaban estas carreteras, el Gobierno diseñó una solución que pasaba por la creación de una empresa pública que se hiciera cargo de ellas y la aplicación de una quita del 50 % de la deuda, que ascendía entonces a unos 4.600 millones.

Sin embargo, la solución del Gobierno para evitar la liquidación no fue compartida por todas las partes implicadas en el proceso, especialmente la banca acreedora extranjera, que en muchos casos fue vendiendo su deuda en las concesionarias a fondos con descuentos de hasta el 80 %.

En este contexto, los jueces acordaron la liquidación de la autopista de peaje al aeropuerto de Barajas, así como de la R-3 y R-5 al no admitir las propuestas de convenio presentadas, decisiones que fueron recurridas por Fomento.

En el supuesto de la liquidación de estas carreteras, se activaría entonces la Responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) que el Estado tiene ante la quiebra de una infraestructura contratada por concesión y que le obliga a pagar a la compañía que la construyó el valor del activo y las inversiones realizadas en el mismo.