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Galicia y Asturias piden al Gobierno que regule el precio energético para industrias

EUROPA PRESS

OVIEDO —

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Fernández y Feijóo se han reunido en Oviedo, antes de acudir conjuntamente a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Han tratado la situación abierta tras la decisión de la multinacional productora de aluminio Alcoa de iniciar un periodo formal de consultas para llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores.

“Será imposible que Alcoa reconsidere su propuesta si el Gobierno central no establece en semanas un marco concreto para el año 2019 y siguientes del precio de la energía”, ha afirmado Feijóo en la rueda de prensa que han ofrecido conjuntamente los máximos responsables de los gobiernos de Asturias y Galicia.

Fernández y Feijóo han decidido trabajar conjuntamente para tratar de que la compañía cambie su decisión. Feijóo también ha insistido en la necesidad de que el Gobierno establezca un calendario para abonar los aproximadamente 150 millones de euros que están presupuestados para empresas electrointensivas en España.

Se trata de asuntos, han explicado, en los que los gobiernos autonómicos no tienen competencias. Han explicado que la próxima semana se celebrará una reunión con directores generales de las comunidades autónomas y secretarios de Estado.

Una vez pasado el fin de semana del 27 y 28 de octubre, será cuando Fernández y Feijóo mantengan un encuentro las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto. Quieren pedir a las ministras que les ayuden a hablar con Alcoa.

En todo momento tanto el dirigente socialista asturiano como el 'popular' gallego se han referido al coste de la energía como la principal razón de que Alcoa haya decidido cerrar las dos plantas. Han dicho que han venido trabajando en ese sentido durante los pasados años. Feijóo ha explicado que siempre que se ha reunido con presidentes de Alcoa, todos le planteaban la necesidad de un marco regulatorio del precio de la electricidad que les permitiese ser competitivos.

Fernández ha sido preguntado por si existían otras razones para el cierre, como la falta de modernización de las plantas afectadas y por las acciones que habían tomado los poderes públicos para mejorar ese aspecto. “Debería preguntar por lo que ha hecho la compañía”, ha respondido Javier Fernández.

El dirigente asturiano, ha explicado que hasta ahora les han permitido tener unos precios eléctricos con los que competir y ha indicado que, si bien es cierto que las empresas no han invertido en modernizar las instalaciones, algo que era conocido, eso no es algo que pueda achacarse a las administraciones.

MARCO ESTABLE

Fernández ha recordado que en toda Europa existen tarifas específicas para la industria electrointensiva y que, en el caso de Alcoa, esos costes suponen el 40 por ciento.

El presidente asturiano ha insistido en la importancia de conseguir un marco estable en este aspecto para posibilitar que este episodio no afecte a más empresas de un alto consumo eléctrico. En Asturias hay varias y en Galicia Alcoa conserva aún una de sus factorías. La última intención es que la decisión de la multinacional no suponga un antecedente para que pueda producirse un riesgo de deslocalización.

FRENTE COMÚN

Los dos presidentes han coincidido en trabajar juntos en esta materia, con una hoja de ruta que también incluye un contacto directo con los comités de empresa como representantes de los trabajadores, diálogo con la empresa y con el Gobierno central.

“No es de recibo que gobiernos que venimos trabajando años con Alcoa nos enteremos por los medios de comunicación de una decisión tan drástica, es muy difícil de entender”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Fernández ha lamentado el “impacto brutal” sobre los trabajadores y ha dicho que tanto el fondo como la forma han sido “inadmisibles”.

Fernández y Feijóo, no obstante, tienen la intención de seguir trabajando juntos para conseguir el mejor resultado posible. Feijóo ha recordado que ya lo hicieron con éxito hace años con la crisis del 'tax lease', que permitió que astilleros en Asturias y Galicia siguiesen funcionando.

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