El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit para 2019-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy de nuevo la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021, anteriormente ya propuesta y rechazada por el Congreso en julio, que prevé unos objetivos de déficit más flexibles, del 1,8 % del PIB para 2019, del 1,1 % para 2020 y del 0,4 % para 2021.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz Isabel Celaá, ha explicado que se vuelve a enviar a las Cortes la misma senda para el conjunto de las Administraciones Públicas porque así lo requiere la Ley de Estabilidad como paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

“La decisión se adopta tras consultar con la Abogacía del Estado, que entiende que es un requisito previo (a los Presupuestos)”, ha dicho Celaá.

La ministra portavoz ha añadido que el Gobierno “asume el trámite” por segunda vez porque tiene el “firme compromiso” de presentar en enero las cuentas públicas del año que viene, que se formularán con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento.

Ese objetivo será casi con toda seguridad el actualmente vigente para el Estado, del 0,3 % del PIB, ya que, aunque la nueva senda de déficit superara el trámite en el Congreso, no lograría sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado.

La Cámara Alta mantiene la capacidad de veto a la senda de déficit, una prerrogativa que perderá si se consigue aprobar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria propuesta por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, algo que no ocurrirá en el corto plazo dado que su tramitación está siendo bloqueada por PP y Cs.

Celaá ha insistido hoy en que el Gobierno va a presentar sus Presupuestos porque entiende que son los que necesita el país para poder recuperar el Estado del bienestar “menoscabado durante la crisis”.

“Esto va a obligar a que todas las fuerzas políticas lo debatan, lo discutan, lo enmienden o planteen sus propuestas alternativas”, ha afirmado la portavoz, que ha incidido en que los grupos parlamentarios tendrán que explicar a la ciudadanía, a los presidentes autonómicos y a los alcaldes “por qué los afirman o por qué los niegan”.