El Gobierno aprueba los criterios para ser consejero del ICO un mes después de hacer los nombramientos
El 30 de noviembre el consejo de ministros nombró a los cuatro nuevos consejeros independientes del ICO, el único banco público de España. Hoy, mes y medio después, el mismo consejo de ministros ha aprobado el reglamento que fija los requisitos que deben tener estos consejeros, a los que ya nombró.
La anomalía de este proceso deja claras las prisas que ha tenido el Ejecutivo en cerrar estos cambios en el ICO antes de que llegaran las elecciones. En el último consejo de ministros del Gobierno del PP (los próximos serán en funciones), ha rubricado el Real Decreto que fija la duración del mandato de estos nuevos consejeros que tendrán un voto doble cuando se trate de aprobar operaciones de crédito de la entidad. Esto hace que de facto, el Ejecutivo ha entregado a la voluntad de estos cuatro consejeros la aprobación de los préstamos públicos. El Ministerio de Economía aprovechó una disposición final de una ley publicada el 2 de octubre para dejar en manos de personas ajenas al sector público las principales decisiones del ICO.
El texto aprobado hoy fija en tres años el mandato de los consejeros, prorrogable otros tres años. Así, el próximo Ejecutivo que entre tendrá que tener a estos cuatro consejeros en el Consejo General del ICO al menos los tres primeros años salvo que cambie toda la ley y vuelva a recomponer la correlación de fuerzas en el ICO. Los cuatro consejeros son conocidos del actual ministro Luis de Guindos, dos de ellos colaboradores asiduos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el laboratorio de ideas del PP, y dos exdirectivos de Banco Santander, uno de ellos, también exalto cargo del Ministerio de Economía durante la época de Rodrigo Rato.
Con posterioridad a su nombramiento, el Gobierno dice ahora que los requisitos para optar a estos cargos son: reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados, no incurrir en potenciales conflictos de interés permanentes y abstenerse de desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva con el ICO. Se requiere además no estar vinculado a entidades de crédito; establecimientos financieros de crédito; empresas de servicios de inversión; instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo etcétera; así como a sus filiales, grupo al que pertenezcan o asociaciones.
FAES en el banco público
Los tentáculos de la fundación que preside José María Aznar llevan tiempo instalados en el seno del ICO. El 'think tank' del PP fue el anterior destino profesional del actual director general de Estrategia y Financiación del banco público, Fernando Navarrete, que hasta 2012 fue director de Economía y Políticas Públicas de FAES. Le sustituyó en ese puesto Miguel Marín, vinculado a Eneas, una consultora que ha cobrado cerca de 2 millones de euros de Gobiernos del PP por ayudarles a ahorrar.
El ICO asegura que con estos nombramientos “se refuerza” el peso de los gestores independientes “y se consigue una mayor transparencia e independencia en el funcionamiento del Consejo para asegurar una asignación eficaz de la actividad financiera del Instituto”. “De este modo el Gobierno Corporativo de la entidad se encuentra alineado con las mejores prácticas europeas en instituciones homólogas a ICO”, añade.
Ahora, y gracias a este 'intento' de despolitización del organismo, el marchamo de FAES va a llegar hasta el Consejo General del único banco público que hay en España. La entidad está presidida desde agosto de 2014 por la exdiputada del PP Irene Garrido, primera mujer al frente del organismo desde su creación en 1971. Los cuatro profesionales “independientes” a los que, en los estertores de la legislatura, ha designado el Gobierno como nuevos consejeros, van a tener en sus manos las decisiones de calado que tome el organismo respecto a concesiones de crédito en los próximos tres años.
