El Gobierno deja para después de las elecciones la decisión sobre las ventajas en la jubilación de miles de parados

Hasta después de las elecciones del 10 de noviembre, el Gobierno no tomará una decisión sobre si ampliar o no la llamada “cláusula de salvaguarda” de las pensiones, que permite en la actualidad a las personas desempleadas desde 2013 jubilarse con la legislación previa a la reforma de las pensiones de Zapatero. Esta posibilidad caduca el 1 de enero y deja fuera a miles de parados, según los sindicatos. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran a eldiario.es que el Ejecutivo esperará a conocer “los números” de afectados en un informe pendiente que la Seguridad Social cerrará “pasadas las elecciones”.

“Es una patada hacia delante para no tener que discutir de este asunto en campaña electoral”, lamenta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicato, al igual que UGT, ha reclamado al Gobierno socialista durante su mandato que recupere el carácter indefinido de esta cláusula –que limitó el Ejecutivo de Rajoy– y que, además, permita a los desempleados poder jubilarse según la legislación actual en los casos en los que esta les sea más favorable.

Ahora, con unas elecciones generales en el horizonte, la incertidumbre vuelve a inquietar a los desempleados que quedarán fuera de la cláusula si no se modifica la legislación. “Las perspectivas del 10N no son muy halagüeñas. Si gana la derecha nos podemos olvidar, porque ellos son los que impusieron esta restricción”, afirmaba a este medio hace unos días Javier, nombre ficticio de un ingeniero industrial que salió de Telefónica en un ERE.

La cláusula que blinda a los desempleados

La cláusula de salvaguarda se creó en 2011, en la reforma de las pensiones que el Gobierno de Zapatero pactó con los sindicatos y la patronal. La nueva legislación supuso un endurecimiento de algunas de las condiciones y del acceso a la jubilación. Por ejemplo, la edad ordinaria para jubilarse pasaba de los 65 a los 67 años de manera paulatina y se ampliaban los años de cotización para acceder al 100% de la pensión, entre otras cuestiones.

La reforma incluía en su disposición final duodécima lo que se ha conocido como la “cláusula de salvaguarda”, para garantizar unas condiciones de jubilación más ventajosas a las personas desempleadas de larga duración al final de su carrera profesional, que se vieron afectadas por la crisis.

La disposición permitía que los trabajadores que se habían quedado sin empleo antes de la aprobación de la reforma (agosto de 2011) y aquellos afectados por un ERE o acuerdos de salida ya pactados en esa fecha se pudieran jubilar según la legislación anterior. Siempre y cuando estos desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación.

Más tarde, en 2013, Rajoy amplió el colectivo de desempleados que se podía acoger a esta cláusula a todos aquellos que hubieran quedado en paro antes del 1 de abril de 2013 o que dejaran sus puestos en ERE o acuerdos firmados antes de esa fecha. Pero, por otro lado, el Gobierno del PP limitó la medida, al imponerle una fecha caducidad: la cláusula solo funcionaría para las personas que se jubilaran antes del 1 de enero de 2019.

El prometido informe se cerrará tras el 10N

El límite impuesto por Rajoy en la cláusula dejó fuera a “miles de desempleados”, según los sindicatos, que en el caso de CCOO puso un techo aproximado de unas “15.000” personas. El número es difícil de precisar, explican las organizaciones sindicales, ya que incluye tanto casos de personas que salieron en despidos colectivos y otros acuerdos pactados con sus empresas antes del 1 de abril de 2013, así como casos individuales de trabajadores que se quedaron sin empleo con una edad avanzada y no lograron volver a reengancharse al mercado laboral.

Tras la moción de censura y la llegada de los socialistas a la Moncloa, los sindicatos y los afectados exigieron al Gobierno que eliminara esta caducidad de la medida, contra la que se había posicionado el PSOE en la oposición.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó finalmente, en el último Consejo de Ministros de 2018, una prórroga de un año de la cláusula (hasta el 1 de enero de 2020) y dejó pendiente una solución al tema hasta que se terminara un estudio encargado a la Seguridad Social al respecto, según explicaron entonces a este medio en el Ministerio de Trabajo.

Ese informe aún no se ha concluido. Fuentes oficiales de Trabajo explican que el estudio que realiza la Seguridad Social “es un informe de situación”, que trata de cifrar cuál es el número de personas afectadas que se quedan fuera de la cláusula. Desde el Ministerio consideran que esta fotografía de los afectados debe hacerse en una fecha próxima al “1 de enero de 2020”, por lo que el informe se cerrará “pasadas las elecciones”.

Según las mismas fuentes oficiales, ese informe “permitirá tomar la decisión de si se adopta alguna medida” sobre la cláusula de salvaguardia.

Los sindicatos piden que se anule la caducidad

En CCOO lamentan que el Gobierno posponga su decisión y no comparten que haya que esperar al final del año para acordar una solución al respecto. Carlos Bravo recuerda que muchas personas están pendientes de decidir si se jubilan o no, confiando en el Gobierno socialista apruebe una prórroga de la medida: “Están a la espera y puede que algunas de ellas se equivoquen al tomar decisiones por la falta de seguridad jurídica”.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, explica que el sindicato considera que desde el Ministerio de Trabajo “aún se puede ofrecer alguna solución a los varios miles de afectados por la próxima caducidad” de la cláusula de salvaguarda.

En opinión de UGT, la solución a este problema “no necesariamente tiene que venir vía decreto ley, algo imposible con el Gobierno en funciones, sino vía una compensación transitoria, hasta que sea posible articular legalmente una norma”, añade Barrera.

En CCOO por su parte consideran que, si en el tema de la revalorización de las pensiones para 2020 el Gobierno está pensando en la opción del decreto-ley, esta cuestión también cumple con la urgente necesidad. “Esto tiene la razón de urgencia de que el 1 de enero ha desaparecido”, subraya Bravo.