El Gobierno veta reformar la regla de gasto porque cuenta con el superávit local para bajar el déficit del Estado
El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la que piden reformar la regla de gasto en los ayuntamientos con las cuentas más saneadas, ya que –alegan– supondría la desaparición del superávit de estas corporaciones. Los 6.847 millones de excedente (0,61% del PIB) que consiguieron las entidades locales en 2016 tendrían que ajustarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), defiende el Ejecutivo en su respuesta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El Gobierno invoca el artículo 134.6 de la Constitución, en el que se que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. El Ejecutivo afirma que suya es la potestad presupuestaria y que este artículo evita precisamente que las Cortes Generales “invadan” dicha competencia.
Con su iniciativa, Unidos Podemos pretendía flexibilizar su aplicación para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit obtenido a inversiones públicas, pues creen que no tiene sentido fijar un tope de gasto en supuestos como los del Ayuntamiento de Madrid, donde a pesar de contar con 1.022 millones de euros de superávit en 2016 y haber reducido el nivel de deuda, el Ministerio de Hacienda y Función Pública cuestiona sus cuentas por haber superado su umbral de gasto en 234 millones de euros.
La propuesta implicaba que para suavizar la regla de gasto las corporaciones locales tuvieran que contar con superávit, tener un nivel de deuda menor al 110% y cumplir con sus pagos a proveedores con tiempo inferior a los 30 días.
En su respuesta, el Gobierno explica que si se aprobase la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los términos de la propuesta de Unidos Podemos se permitiría incrementar el gasto computable por encima de la tasa de referencia a medio plazo de la economía española (regla de gasto). Esto, “automáticamente exigiría que otras administraciones públicas (resto de corporaciones locales, administración central, comunidades autónomas o fondos de Seguridad Social) tuvieran que limitar su crecimiento de gasto por debajo del crecimiento potencial del PIB”, indica la respuesta gubernamental.
