El Gobierno estima en 830 millones la retención de créditos que deben formalizar las CCAA

El importe de la retención de créditos que deben formalizar las comunidades para cuadrar sus cuentas asciende a 830 millones de euros, que, unidos a los 680 millones en ajustes por inejecución que las autonomías han previsto en sus presupuestos para este año, suman 1.510 millones de ajustes globales.

Así está recogido en el Plan Nacional de Reformas (PNR) 2016 que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea (CE) junto al Programa de Estabilidad, en el que recuerda que se pidió a las comunidades que aprobaran acuerdos de no disponibilidad por el importe suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para cumplir esa meta tendrán además este año 7.445 millones más en el sistema de financiación y ahorro en intereses derivados de la mejora en las condiciones para los mecanismos extraordinarios, que el Ejecutivo estima en otros 2.903 millones, si bien advierte de que en términos diferenciales sobre 2015 se generaría un impacto negativo de 760 millones.

Junto a ello apunta otros ahorros adicionales esperados por las medidas relativas a los gastos farmacéuticos y productos sanitarios, en su mayoría derivados del protocolo de colaboración suscrito con Farmaindustria, que en 2016 ascienden a 425 millones de euros y a 100 millones de euros los derivados de la compra centralizada de medicamentos.

Estas medidas de mejora de la eficiencia en el gasto sanitario, inicialmente previstas para el ejercicio 2015 y 2016, se estima que trasladen sus efectos al ejercicio 2016 y 2017.

También apunta el documento que algunas comunidades contarán con nuevos ingresos procedentes en su mayor parte de medidas de carácter tributario, como consecuencia de reformas fiscales y de naturaleza “no one-off”, es decir, operaciones no recurrentes de gasto.

La modificación de tipos impositivos, bases imponibles, bonificaciones o reducciones, son las medidas más previstas por las autonomías con efectos, según los casos, tanto positivos como negativos.

En este sentido, destacan las medidas adoptadas en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un impacto esperado en 2016 de 62 millones de euros, que se sumará a la evolución positiva que se pueda registrar por la recuperación del mercado inmobiliario y la actividad económica.

Por otro lado, el impacto de las medidas clasificadas dentro de la tipología de “otros tributos” supone una cuantía positiva de 101 millones de euros, sobre todo por la creación de nuevos tributos por algunas comunidades, como el impuesto sobre las viviendas vacías o el de alojamientos turísticos.

Los impuestos medioambientales supondrán este año un efecto adicional positivo de 74 millones de euros.

Respecto a las medidas de naturaleza no tributaria, el Ministerio de Economía calcula un impacto adicional global en 2016 de 279 millones. Y por la no reposición de efectivos, la cuantifica en unos ahorros adicionales estimados de 295 millones.