Dudas y trabas para ejecutar la sentencia del Supremo que anula la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en Madrid
El Tribunal Supremo ha anulado la venta de 2.935 inmuebles de protección pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en 2013 por 201 millones de euros a la sociedad Encasa Cibeles (participada por Goldman Sachs y Azora). Se trata de un auto “muy esperanzador” porque “marca una línea” sobre la necesidad de mantener la función social de este tipo de viviendas, lo que colisionaría con su venta a una empresa privada, pero ni mucho menos supone el fin de los problemas inmobiliarios de los inquilinos afectados por aquella decisión del gobierno regional.
“Estamos en la mitad del partido, y ya llevamos casi siete años con esta historia. La ejecución de la sentencia es lo más difícil”, explica el abogado Felipe Alonso, de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS). En alguna ocasión se han reunido por llevar casos similares con el letrado César Pinto, que ha llevado el caso de Rachid Bouikou. Este inquilino decidió pleitear contra la venta en 2013 de la vivienda pública del antiguo IVIMA en la que residía en Navalcarnero a Encasa (participada por los fondos oportunistas Goldman Sachs y Azora). Un auto del Tribunal Supremo acaba de rechazar los recursos del gobierno regional y la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictaba que esa casa debía volver a manos públicas.
Todavía queda pendiente un recurso de casación en el TSJM sobre si se vulneró la ley autonómica con aquella operación del equipo de Ignacio González. Una serie de procesos judiciales que pueden alargar años la ejecución de estas sentencias. “Hicimos el camino de abajo arriba, del contencioso–administrativo al TSJM y de ahí al Supremo, y ahora hay que hacerlo de arriba abajo”, afirma Alonso.
Otro de los elementos que complican el caso es el daño contable que sufrirá la Comunidad de Madrid en caso de tener que reembolsar los 201 millones a Encasa, a lo que se uniría que esta empresa estudia pedirles daños y perjuicios, según amenazaba en sus últimas cuentas. Una responsabilidad patrimonial que también podrían reclamar los inquilinos afectados, incluidos los que han sido desahuciados en este periodo y a los que dejaron de subvencionarles las viviendas.
De ser ejecutado, el auto del Supremo implicaría que los pisos, garajes o trasteros sitos en 32 promociones construidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 11 municipios de la Comunidad de Madrid en 2011, deberían ser devueltos al gobierno regional, que a su vez debería reintegrar el dinero que obtuvieron a la empresa, explican distintas fuentes jurídicas y empresariales a eldiario.es.
Fuentes de la Comunidad de Madrid, recuerdan que sus abogados están estudiando presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta resolución judicial. Y añaden que a su juicio este auto, que confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo afecta a los recurrentes, no a todos los pisos.
Este último detalle no está tan claro, según fuentes jurídicas de una gran compañía relacionada con el sector inmobiliario. Recalcan que la resolución del Supremo es doble: una administrativa y otra que anula la transmisión. Con lo que incluso en el caso de que solo se pudieran beneficiar inicialmente quienes presentaran recurso contencioso–administrativo (el caso concreto que se resuelve es el recurso de Rachid Bouikou, pero hay otros pendientes), se abriría la puerta al resto de los inmuebles afectados.
Pero además tanto el juez de primera instancia como la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que viene a ser confirmada por este auto del Supremo han dado la razón al recurrente al considerar que “la transmisión de las viviendas no se produjo de forma individualizada sino en bloque”. Durante todo su periplo judicial, la Comunidad ha intentado limitar la legitimidad de Bouikou para recurrir la operación al completo y ha pretendido que sus recursos únicamente afectaran a la cesión de su inmueble.
Qué ocurre con los inmuebles vendidos a terceros
Otras de las dudas principales se suscitan en torno a qué puede ocurrir con las viviendas que ya han sido vendidas a terceros, o bien a los inquilinos que tras diez años hicieron uso del derecho a adquirirlas por la propia naturaleza de inmuebles protegidos, o a otros compradores. “La anulación, de producirse de manera definitiva, y con sentencia firme, solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3.000 viviendas”, señalan fuentes del Gobierno de Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas de una entidad bancaria argumentan que Encasa no puede pedir que le devuelvan los pisos que vendió, por lo que en este caso tendría que entregar su valor económico a la Comunidad de Madrid, sin que quede claro si se respetaría el precio al que se transmitió en 2013 o se tendría que recalcular con los valores actuales. Entre 2013 y la actualidad el precio de la vivienda se ha disparado un 34% en la Comunidad de Madrid, según la Sociedad de Tasación. Según fuentes del gobierno regional el número asciende a 1.200 inmuebles transmitidos.
Otro de los abogados consultados opina que el auto del Tribunal Supremo solo se circunscribe al ámbito de la Comunidad de Madrid, porque lo que hace es confirmar el del TSJM. En Madrid, aunque en este caso en el ámbito del ayuntamiento, se produjo otra venta similar de viviendas públicas. Una reciente sentencia obligó a Blackstone, que fue el comprador, a vender las casas al precio reducido que constaba en el contrato de los inquilinos con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). No obstante, en el resto de España, en el caso de que se hayan producido casos parecidos, este auto del Supremo se hará valer, aunque no se haya creado jurisprudencia.
