Hacienda, obligada a entregar a un investigador y al Consejo de Transparencia el acuerdo del cupo vasco

El Ministerio de Hacienda va a entregar a un investigador y al Consejo de Transparencia el acuerdo del cupo vasco firmado entre el Gobierno autonómico y el equipo de Cristóbal Montoro. Firmado en mayo de 2017, el trato establecía la liquidación de los cupos de años anteriores y fijaba también el pago quinquenal hasta 2021.

Un particular reclamó la información a Hacienda, pero el Ministerio rechazó su petición, por lo que esa persona recurrió al Consejo de la Transparencia y este organismo le dio la razón. El departamento de Montoro llevó al asunto a los tribunales y un juzgado de lo contencioso-administrativo ha resuelto a favor del ciudadano, un investigador que quiere los datos para su trabajo.

La sentencia, adelantada por El Confidencial, considera ajustada a derecho la resolución del Consejo de la Transparencia, así que tendrá que cumplir: Hacienda debe entregar a este ciudadano el contenido del pacto que se firmó en mayo de 2017 entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco, así como enviar también una copia al propio Consejo.

Fuentes del departamento de María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que se cumplirá con esta obligación y que ofrecerán la información que esté disponible. Según fuentes del Consejo de Transparencia consultadas, los plazos se cumplen en los primeros días de octubre.

Este investigador solicitaba, además, información sobre el importe de los cupos fijados entre el Gobierno y País Vasco y Navarra desde 1878 y el coste de las competencias transferidas a ambas comunidades desde el año 2000.

El Consejo de Transparencia argumentó que parte de esta información no está guardada en Hacienda y que otra puede aparecer publicada en distintos informes sobre financiación. En cambio, sí que aceptó que Hacienda ofrezca el detalle del pacto alcanzado con el Gobierno vasco, más allá de la nota de prensa que se difundió.

Desde este organismo se ha explicado a Europa Press que una vez que reciba copia de la información, no podrá difundirla: son datos que no ha recabado de primera mano, sino por terceras personas. Si se solicita copia es para comprobar que el demandado, Hacienda en esta caso, cumple con lo que se le pide.

Añaden, sin embargo, que sería razonable que el Ministerio tomara la iniciativa de difundir el contenido completo del acuerdo, una vez que va a tener que cederlo a un investigador que, a su vez, hará público un día su trabajo.

Una vieja polémica

El modo en que se calcula el cupo vasco es objeto de polémica desde hace años. En concreto, las críticas han crecido tras el acuerdo de 2017, que actualiza la ley que lo regula y fija un acuerdo que se cumplirá hasta el año 2021.

Las quejas han llegado desde algunas comunidades autónomas que reclaman claridad sobre estas cuentas, tal y como existen sobre el sistema de financiación del régimen común. También desde Ciudadanos, que acusa a las dos administraciones de alcanzar un acuerdo político y no ser transparente sobre los conceptos por los que se calcula este pago.

El cupo es el dinero que las Haciendas forales vascas pagan al Estado por los servicios que éste presta en su territorio y por otros ajustes fiscales entre ambas partes.

El acuerdo de 2017 estableció un cupo base de 1.300 millones que Euskadi pagará al Estado en los cinco años siguientes, pero en cada ejercicio el cupo líquido -lo que se abone finalmente- variará según los descuentos que se apliquen por distintos ajustes. Entre otras cosas, se irán descontando los 1.400 millones de euros que el Estado admite haber cobrado de más desde 2007.