Hallan implicación del expresidente de la petrolera boliviana en el caso de corrupción

La Contraloría de Bolivia reveló hoy que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá forma parte de una veintena de ejecutivos relacionados con la adjudicación supuestamente irregular de taladros a la empresa italiana Drillmec, por 148,8 millones de dólares.

El contralor general de Bolivia, Henry Ara, en la presentación de un informe ante el Senado, hizo públicos los nombres de veinte acusados por el caso llamado “taladros” y los relacionó con delitos como “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica”, entre otros.

Entre los principales acusados está el expresidente ejecutivo de YPFB y el representante legal de la firma extranjera, Diego Bergoni.

El contralor, al ser consultado por los periodistas sobre si el expresidente estaría implicado, afirmó que “está involucrado”.

Ara sostuvo que la responsabilidad de Achá radica por haber autorizado un incremento del precio referencial cuando esta no era su competencia y por desconocimiento de la normativa interna de la entidad petrolera.

También son parte de la nómina exgerentes, ex mandos medios y antiguo personal relacionado con los procesos de contratación, operaciones y supervisión de la corporación boliviana.

Las primeras denuncias contra el expresidente de YPFB fueron realizadas en diciembre de 2016 por el senador Oscar Ortiz, de la opositora Unidad Demócrata (UD).

Una investigación presentada en marzo de este año por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó que hubo una “incorrecta adjudicación” en el contrato para la adquisición de los equipos de perforación.

En abril, Ortiz y el Ministerio de Justicia denunciaron por separado el caso ante la Fiscalía, si bien la querella del Gobierno no incluyó a Achá entre los funcionarios que pidió que sean investigados, lo que fue criticado por la oposición.

Ortiz dijo hoy a los medios que lo importante es que la Contraloría “ha ratificado todas las irregularidades ya detectadas” en las que figura el nombre del ex presidente ejecutivo de la petrolera estatal.

Sin embargo, el legislador lamentó que los nombres de los involucrados se hayan conocido recién esta jornada pese a que la acusación se presentó el pasado julio.

A causa de este hecho el presidente del país, Evo Morales, se vio obligado a sacar del cargo a Achá en junio pasado y nombrar a Óscar Barriga como nuevo presidente de YPFB.

El gobernante reconoció que hubo irregularidades que se detectaron a tiempo y negó que haya existido corrupción, bajo el argumento que no hubo daño económico al Estado.

Achá actualmente cumple arresto domiciliario, luego de que en junio así fuera decretado por un juez como medida preventiva tras denunciarse las irregularidades.

La Contraloría es una instancia del Estado boliviano cuya labor está orientada a fiscalizar la adecuada administración del gasto público.