PP, PSOE, Podemos y Cs apoyan una ley para nombrar a los presidentes de las instituciones

Madrid, 26 sep (EFE).-Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han apoyado hoy crear una ley que garantice la independencia de los nombramientos de los presidentes y altos cargos de instituciones como el Banco de España, la CNMV, la CNMC o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La mayoría del pleno del Congreso ha apoyado tomar en consideración la proposición de Ley de Ciudadanos que insta a crear una Comisión Independiente de Nombramientos del Estado que evalúe los candidatos del Gobierno para dirigir organismos e instituciones.

Aunque la propuesta será votada a favor este jueves por la mayoría de las formaciones políticas, a excepción del PNV, todos los portavoces han criticado la fórmula que propone Ciudadanos al afirmar que no garantiza la transparencia en los nombramientos.

Por este motivo, todos los grupos parlamentarios han anunciado que la proposición de Ley será modificada con enmiendas parciales.

El portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha asegurado que su formación persigue “acabar con el capitalismo de amiguetes” que ha estado presente “durante los años del bipartidismo”.

“Regulaciones a medida y subvenciones a dedo”, ha criticado, tras lamentar la politización de organismos que deben ser “fuertes” e “independientes”.

“En Ciudadanos queremos que sea el mérito y el esfuerzo lo que condicione los nombramientos y que la persona a cargo de una competencia sea autónoma y tenga conocimiento técnico”, ha incidido.

La Comisión Independiente de Nombramientos del Estado que propone evaluaría los candidatos propuestos por el Gobierno y emitiría un informe que debería ser aprobado por el Parlamento.

Esta comisión estaría presidida por un magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo y compuesta por un consejero permanente de Estado, por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por un catedrático de universidad y por un juez o abogado General del Tribunal de Justicia de la UE a propuesta de España.

Los miembros se renovarían cada dos años, sin posibilidad de prórroga y se designarían por sorteo entre sus respectivos colectivos.

La mayoría de los grupos han criticado que la comisión esté presidida por un magistrado del Consejo de Estado, órgano designado por el Ejecutivo.

El diputado del PP Manuel Blasco ha señalado que en la comisión tiene un “excesivo peso el poder judicial”, y ha dudado de la constitucionalidad de una comisión que pretende controlar al Gobierno y al Parlamento a la vez.

Desde el PSOE, la diputada Ana María Botella ha abogado porque sea el Parlamento quien apruebe a los candidatos a través de convocatorias públicas y transparentes, y ha acusado a Ciudadanos de querer llevar al pleno una propuesta que se estaba debatiendo en comisión parlamentaria.

Juan Pedro Yllanes, diputado de Unidos Podemos, ha expresado la preocupación de que la comisión que propone Ciudadanos esté presidida por un magistrado y cree que podría haber un conflicto de intereses, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha pedido que la ley exija también responsabilidades por la gestión realizada.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal no ha apoyado la iniciativa de la formación naranja porque no garantiza la independencia de los candidatos y no concreta si el informe que debe emitir será vinculante.