Imputado el ministro argentino de Finanzas por emitir un bono de deuda a 100 años

Un fiscal federal argentino pidió hoy que se investigue al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al imputarle un presunto delito de “administración fraudulenta” por la polémica emisión, la pasada semana, de un bono soberano de deuda a 100 años de plazo, informaron a Efe fuentes judiciales.

El procurador Juan Pedro Zoni dio por buena parte de la denuncia que el 22 de junio presentaron diputados del opositor Frente Para la Victoria (FpV, peronismo kirchnerista) contra Caputo, el presidente Mauricio Macri, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne y el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, a los que acusaban de haber efectuado una colocación “a una tasa altísima” y “totalmente ruinosa” para el Estado.

En este caso, el fiscal solo aceptó imputar al ministro de Finanzas, y solicitó la apertura de la investigación y la recogida de medidas de prueba al juez Ariel Lijo.

“El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas”, según el dictamen entregado a Lijo.

Zoni resaltó que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operación de emisión de bonos “que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado” y que justifican “la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos”.

Primero por las redes sociales y en una nota de prensa después, el Gobierno anunció el 19 de junio que obtuvo 2.750 millones de dólares al concretar una colocación a 100 años, un plazo sin precedentes en la complicada historia de la deuda pública argentina que se da apenas 14 meses después de que el país saliera de una cese de pagos que duró tres lustros.

“Esta operación de financiación refleja la confianza del mercado en la normalización de la economía argentina”, destacó en ese momento el Ejecutivo sobre un bono que tendrá un rendimiento de 7,9 % y responde al objetivo de asegurar una financiación “en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo”.