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La nueva Ley de eficiencia energética de Ecuador genera dudas entre expertos

La nueva Ley de eficiencia energética de Ecuador genera dudas entre expertos

La nueva Ley de eficiencia energética de Ecuador genera dudas entre expertos

La Ley Orgánica de Eficiencia Energética, un ambicioso proyecto que pretende introducir cambios sustanciales en la vida de la sociedad y que se publicó esta semana en el Registro Oficial de Ecuador, ha generado dudas entre expertos en el sector.

La norma, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Ecuador (Parlamento) el pasado 8 de enero, pretende combatir el cambio climático y cambiar hábitos de consumo eléctrico en el país, aprovechando la infraestructura y los incentivos normativos, aunque los expertos lamentan que no se haya socializado la decisión.

Para la comunicadora especializada en energías renovables, Estefanía Dotti, "sorprende que haya muchos expertos que no estén enterados, y la ciudadanía tampoco" de que la ley se publicó este martes y que, por tanto, entrará en vigor en pocos días.

La nueva normativa, que todavía necesitará ser desarrollada por más reglamentos específicos, introduce una prerrogativa para que en 2025 todos los vehículos de transporte público sean eléctricos y para que los nuevos de carácter particular lleven etiquetas de eficiencia energética, así como una nueva calificación de eficacia a todas las nuevas construcciones y viviendas.

Al afectar de manera directa a la ciudadanía, Dotti se preguntó, en una entrevista con Efe, cómo sabrá la gente que su casa va a ser evaluada y que ello afectará a su factura eléctrica si no conoce que una ley que trata temas "críticos" para su día a día entró en vigor.

Al mismo tiempo, indicó que lo importante es "conocer, estar enterados para que los actores puedan participar en las mesas en las que se crearán los reglamentos" que completen la ley.

Por su parte, el abogado experto en el sector energético, Santiago Solines, señaló a Efe que esta normativa le parece "una buena iniciativa conceptualmente hablando", pero que debe ser desarrollada en profundidad y afinada porque, de lo contrario, "puede generar distorsiones".

Tras apuntar que la energía es una cuestión "transversal" para las sociedades, mostró su preocupación por las consecuencias económicas que puede tener para el bolsillo de los ecuatorianos el tener que cambiar su vehículo de combustión tradicional por uno eléctrico en un tan corto tiempo.

En ello coincidió Dotti, quien recalcó que, si en una semana la gente se entera que la ley entró en vigor en estos términos y considera vender su vehículo de gasolina, perderá poder adquisitivo porque se devaluará el precio de este bien.

Por ejemplo, la sociedad española paga hoy en día, y en los próximos 30 años, a través de sus facturas de electricidad los 25.000 millones de euros que costó el plan para potenciar la energía fotovoltaica y solar de 2008 y 2009 debido a la falta de planificación técnica de la decisión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), según Solines.

En ese sentido, Solines instó a ser "equilibrados" para que, al mejorar un aspecto, no se perjudiquen otras cuestiones.

Y señaló que con la Ley de Eficiencia Energética pasa algo parecido ya que tiene ideas positivas y que se encuentran encaminadas a favorecer la energía renovable y cambiar la matriz energética de consumo y generación primaria, pero que sin un control sobre los reglamentos que se creen a partir de ella, puede golpear a ciertos sectores económicos y generar desempleo.

Por este motivo, tanto Solines como Dotti recomiendan una unión entre el sector público y el privado para que el camino hacia el desarrollo sostenible sea un éxito.

Por su carácter transversal, en los temas energéticos deben involucrarse todos los sectores productivos de un país, así como su masa social ya que, sin esa simbiosis, será imposible que una ley como la que esta semana entró en vigor pueda ayudar al objetivo de mitigar la huella de carbono en el planeta.

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