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Toxo y Méndez denuncian ante el Fiscal General y el Poder Judicial los procesos contra piquetes

Piden que la Fiscalía envíe una circular con los criterios de intervención a la hora de formular las acusaciones

Denuncian que las imputaciones no están basadas en la participación personal de los acusados en los hechos, sino en presunciones generales

Aseguran que el derecho a huelga y a la libertad sindical están en riesgo

Toxo y Méndez denuncian ante la Fiscalía y el CGPJ el aumento de casos penales contra sindicalistas

Toxo y Méndez denuncian el aumento de casos penales contra sindicalistas. EUROPA PRESS

Los más de 40 procesos judiciales abiertos contra 147 afiliados o dirigentes de CCOO y UGT que han particiado en diferentes huelgas en los últimos años y para los que se piden varios años de cárcel han encendido las alarmas de los sindicatos, como ya adelantó eldiario.es. Por eso, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han enviado una carta al Fiscal General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las que denuncian que las penas son desproporcionadas y piden que se preserve el derecho a huelga y a la libertad sindical, que consideran en riesgo.

Los sindicatos denuncian que en ningún caso, ni siquiera en los que se produjeron algún altercado o incidente llamativo, las imputaciones están basadas en la participación personal de los acusados en los hechos, sino "en presunciones generales de atribución a los cargos sindicales de conductas de alguna persona concreta, sobre todo cuando no es identificada".

"No son casos aislados, sino que desde nuestros respectivos servicios jurídicos se viene interviniendo en decenas de derechos de casos que afectan a centenares de trabajadores y trabajadores por hechos en los que, a pesar de no revestir grado alguno de gravedad objetivo, ni individualización en muchos casos de la conducta del acusado, se formula acusación por delitos, en particular por el de coacciones para promover la huelga, que implica penas de prisión de más de tres años en todos los casos", dicen en la carta, en la que Toxo y Méndez subrayan que se trata un criterio que no se ajusta al sistema constitucional ni a la preservación del derecho a huelga y de libertad sindical.

UGT y CCOO aseguran que muchos juzgados y audiencias no están ponderando adecuadamente los bienes jurídicos en conflicto y que el derecho a huelga se está utilizando como un agravante de la responsabilidad penal que se atribuye a los acusados.

Los secretarios generales de las centrales piden al Fiscal General que emita una circular sobre los criterios de intervención del Ministerio Fiscal a la hora de formular las acusaciones, para que se garantice la aplicación de unos criterios comunes, que preserven el dercho a la huelga y a la libertad sindical y sean proporcionales a los hechos.

Los sindicatos tienen registrados 49 procedimientos abiertos a 147 personas promovidos por la Admnistración del Estado y el Ministerio Fiscal, unos hechos que, señalan, buscan criminalizar la protesta y la actividad sindical. Las acusaciones más graves imputan a los acusados un delito de coacciones a la huelga, lo que sucede en al menos nueve casos de carácter penal que afectan a 40 personas.

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