El Ministerio de Trabajo pide a la Fiscalía que impugne en los tribunales al sindicato de prostitutas OTRAS
El Ministerio de Trabajo ha remitido un informe sobre el la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) al Ministerio de Justicia para que traslade su impugnación a la Fiscalía General del Estado. En dicho informe, Trabajo considera que los estatutos vulneran “la libertad sindical, la dignidad de la persona y el principio de igualdad”. El Gobierno ya había señalado la vía judicial como el método más viable para anular la constitución del sindicato OTRAS, registrado en el BOE a finales de agosto.
En una nota remitida por el ministerio que dirige Valerio, se comunica que es esa alternativa jurídica ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la “más viable y efectiva” para “corregir” la situación, de acuerdo a la Ley de Jurisdicción Social. Trabajo aduce que los estatutos de OTRAS infringen el derecho de libertad sindical, ya que dicho derecho “solo se reconoce a las personas trabajadoras por cuenta ajena y la prostitución nunca puede ser objeto de un contrato de trabajo”.
También se refieren a los artículos 10 y 14 de la Constitución, sobre la dignidad de la persona, y la Ley de Igualdad de 2007. Según dicen, según la información que conocieron “con posterioridad al depósito de sus Estatutos ante la Dirección General de Trabajo”, OTRAS persigue “la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta” y por tanto el Gobierno no puede “permitir” su inscripción.
“La prostitución no es una situación neutra, lleva aparejada la explotación sexual de una persona, mayoritariamente mujer, y con mucha frecuencia aparece anudada a situaciones de trata de seres humanos, que los poderes públicos tienen el deber de combatir con todos los instrumentos del Estado de Derecho”, finaliza el comunicado.
El Ministerio de Trabajo ya tenía desde hace tres semanas el informe que pidió a la Abogacía del Estado para analizar cuáles eran los pasos a dar para anular el registro de OTRAS. La duda era qué administración se personaría en los tribunales, papel que ahora Trabajo traslada a la Fiscalía General del Estado.
