Ministros ecuatorianos sugieren un adelanto electoral tras el nuevo rechazo de una ley

Dos ministros del Ejecutivo ecuatoriano han sugerido este lunes la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral a la luz del rechazo del Parlamento a una ley tributaria y la creciente agitación política azuzada, según ellos, por intereses electoralistas.

“El anticipo de elecciones es claro y evidente, y la falta de compromiso con el Ecuador también”, afirmó este lunes el titular de la Cartera de Medioambiente, Raúl Ledesma, en el marco del XIV Encuentro anual de minería, energía y petróleo, desarrollado en un hotel de Quito.

En la víspera, la Asamblea Nacional tumbó un crucial proyecto de Ley de reforma económica, que llevará al Gobierno a plantear una o dos nuevas iniciativas que puedan recibir el visto bueno del Legislativo.

Ledesma apuntó que “muchos prefectos, alcaldes y congresistas que ayer votaron”, dejaron “claro quién está pensando en Ecuador y quiénes piensan en su elección o reelección”.

Y reiteró esa idea al subrayar que “las últimas situaciones ocurridas en el país, tanto el paro indígena como lo ocurrido ayer con la ley económica, desenmascaran qué quiere cada grupo político”.

Interpelado sobre un posible adelanto de elecciones, el dimisionario ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, reconoció que “siempre se analizan este tipo de cosas” y que en todo caso, “es una decisión del presidente de la República”, Lenín Moreno.

Con todo, no descartó “el aspecto de la muerte cruzada, donde el presidente puede legislar por seis meses antes de las nuevas elecciones”.

Pérez aludía a una figura jurídico-política que recoge la Constitución (2008) y que consiste en la facultad del Poder Ejecutivo de disolver el poder legislativo en ciertos casos, con la obligatoriedad para el órgano electoral de convocar a elecciones tanto para renovar el Poder Legislativo como el mismo Ejecutivo.

“Son todas cosas que están en el radar por ahora, pero no ha habido una nueva decisión y eso le corresponde al señor presidente de la República”, insistió el titular de Energía, que ha solicitado su salida del cargo por razones personales.

Pérez también se refirió al rechazo parlamentario a la legislación económica, y expresó que era motivo de “una preocupación muy grande para el país” y que la ley propuesta “protegía a una cantidad de grupos, pero creo que han pesado más asuntos políticos de otra índole y elecciones que se vienen ya en el 2021”.

Ante un incierto futuro que envuelve al Gobierno a la hora de sacar adelante proyectos destinados a reducir el déficit fiscal, el hasta ahora ministro consideró que el Ejecutivo “tendrá que someter una nueva ley en consideración de la Asamblea, que esperamos se divida en al menos dos 'subleyes' para poder conseguir la aprobación”.

El presidente Moreno, en el poder desde mayo de 2017, y que de momento no ha dado indicios de que tenga intenciones de adelantar los comicios presidenciales previstos para 2021, anunció que enviará un nuevo proyecto legislativo aparte del presentado el domingo a la Cámara, “para que no hayan pretextos en la Asamblea Nacional”.

El mandatario sufrió un revés político el mes pasado al verse obligado a derogar un decreto que contenía la eliminación del subsidio a los combustibles en el país -medida que se prolongaba cuatro décadas-, por las protestas sociales que derivaron en los disturbios más violentos registrados en el país en su historia reciente.

Esa decisión, de la que tuvo que retractarse en el contexto de una negociación bajo mediación de la ONU y la Iglesia ecuatoriana, para pacificar el país, ha sido interpretada como una victoria para el sector indígena, que ha canalizado el descontento social y se ha erigido en buena medida como punta de lanza de la protesta.

A raíz de las movilizaciones se han escuchado hipotéticas candidaturas, algunas en tándem, de miembros del liderazgo indígena que podrían estar interesados en postularse a próximas elecciones en el país andino, aunque ninguna se haya oficializado.

Ecuador ha acordado este año un acuerdo crediticio con varias entidades multilaterales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a 10.000 millones de dólares, para paliar su falta de liquidez y abultada deuda estatal.