Negociaciones del ERE de Alcoa encaran recta final con pocos visos de acuerdo

Las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) para las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés tocan a su fin este martes sin que se aviste un acuerdo, ya que los sindicatos rechazan la propuesta de la empresa de mantener una actividad parcial y 200 empleos a la espera de un inversor.

Las conversaciones se reanudan este lunes después de que el último encuentro que mantuvieron representantes de la empresa y de los trabajadores el pasado jueves volviera a finalizar sin acuerdo.

Para los comités de empresa de ambas fábricas, esa propuesta es insuficiente, pues no da solución a unos 500 de los 686 trabajadores que actualmente trabajan en los centros del fabricante estadounidense de aluminio en Avilés y La Coruña.

Alcoa, después de una semana que arrancó con movilizaciones y una larga reunión de la mesa en que están representados el Ministerio de Industria, los gobiernos autonómicos, los sindicatos y a la que esta vez acudieron representantes de la empresa, presentó el jueves una propuesta que garantiza una actividad parcial en las factorías, con la consiguiente participación de trabajadores relacionados con la misma, a la espera de que antes del 30 de junio surja un comprador.

La multinacional estadounidense hacía su oferta después de que el miércoles la ministra de Industria, Reyes Maroto, comunicara que el Gobierno había dado un ultimátum a Alcoa para evitar el cierre de las dos plantas y le exigiera paralizar el ERE y alargar seis meses más las negociaciones.

Alcoa, no obstante, ha condicionado todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa a que haya un acuerdo en el periodo de consultas que concluye este martes, 15 de enero.

La empresa ha ofrecido mantener la actividad en las fundiciones de aluminio de ambas factorías y en la torre de pasta de A Coruña, lo que mantendría el empleo de unos 200 trabajadores.

También plantea paralizar de forma controlada las series de electrólisis a través de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se aplicaría a los trabajadores que no trabajan en las instalaciones mencionadas a la espera de la llegada de un inversor antes de que acabe junio.

Alcoa plantea, asimismo, prejubilaciones para empleados de esas dos plantas y la de San Ciprián, en Lugo, que tuvieran 57 años o más al finalizar 2018.

Las vacantes que queden en la fábrica de San Ciprián, la única que Alcoa va a mantener abierta en España, podrán ser cubiertas por trabajadores de las de Avilés y La Coruña que no sean prejubilables y que tendrán preferencia a los puestos que queden por orden de antigüedad.

Para los trabajadores que no puedan ser prejubilados o recolocados, habría indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

Los representantes de los trabajadores se oponen a esta propuesta, que consideran deja abandonada al 70 % de la plantilla y no contempla el mantenimiento de las factorías de Avilés y La Coruña tal y como han sido hasta ahora.

Por eso, han planteado a la empresa que valore el impacto económico del cierre de las plantas y que provisione esa cuantía para entregarla al Gobierno de España, al que cedería la titularidad, tras lo cual el Estado podría buscar sin presión a algún otro productor que se haga cargo de las instalaciones.

Sin embargo, el Ejecutivo ya ha dicho que no contempla soluciones contrarias a la normativa comunitaria, como sería la nacionalización de esas fábricas.

Las negociaciones de esta próxima semana pueden ser definitivas, a tenor de lo anunciado por Alcoa, que aunque ya prorrogó en dos ocasiones el periodo de consultas abierto el 16 de octubre, la última vez dijo que no habría más prórrogas después del 15 de enero.