Oxfam denuncia que los criterios que aplica la UE para determinar si un país es un paraíso fiscal son “débiles”
La Unión Europea creó dos listas de paraísos fiscales –una negra y otra gris– en el año 2017 al hilo de distintos casos de evasión fiscal como los Papeles de Panama o Luxleaks. Para identificar a este tipo de países, la UE estableció tres criterios de evaluación: transparencia –intercambio de información bajo demanda–, fiscalidad justa –evitar los acuerdos encaminados a atraer beneficios que no correspondan a la actividad económica real en la jurisdicción del país– y participación en los foros internacionales sobre fiscalidad. Oxfam, en esta línea, ha realizado una evaluación –basada en datos públicos– para evaluar los compromisos adquiridos de los países de las listas.
De los 92 países analizados por Europa, 72 no cumplían los criterios establecidos, sin embargo, únicamente 17 países pasaron a formar parte de la lista negra. El resto, pasaron a una lista gris “bajo observación”, comprometidos a reformar su legislación a nivel fiscal para cumplir con los criterios de la UE. Entre los países en la lista gris se encuentran Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Emiratos Árabes. “Europa ha identificado más de 100 prácticas fiscales nocivas en estos países, esta lista está reabriendo el debate”, destaca Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.
En la lista negra de Europa figuran países con regímenes fiscales que incluyen “zonas económicas especiales en las que únicamente empresas extranjeras se ven exentas de obligaciones fiscales”. Estas medidas han provocado que más de 40 países de todo el mundo lleven a cabo reformas a nivel fiscal para salir de esta lista. Oxfam aplaude esta práctica, sin embargo, advierte que los criterios que aplica la UE para determinar si un país es un paraíso fiscal son todavía “débiles”.
“Algunos países son demasiado poderosos para entrar en la lista negra”, sostiene Ruiz. La experta añade que “en Europa hay países como Chipre, Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo que incumplen los criterios de la propia UE”, y señala a Estados Unidos y Suiza como principales ejemplos de países poderosos que no están en la lista negra. En el caso de Suiza, Ruiz detalla que “Europa solicitó que reformara su sistema tributario y hasta el momento, no lo ha hecho” y Estados Unidos, por su parte, “alberga los niveles más altos de secreto bancario”, según la Red de Justicia Fiscal (TJN).
Oxfam, en este sentido, recomienda tanto a la UE como a los Gobiernos de los Estados Miembros que endurezcan los procesos de evaluación de los países, es decir, “si un país modifica su régimen fiscal para salir de cualquiera de las listas, la UE debe llevar a cabo un seguimiento para comprobar si el cambio logra reducir el traslado artificial de beneficios”, aclara Ruiz.
“Para que una lista negra sea sólida y cumpla con su función, la UE debe poner el foco sobre aquellas economías conducto con regímenes que condicionan fuertemente la ubicación de servicios y actividades, distorsionan el comercio y las pautas de inversión”, recoge el estudio de Oxfam, que señala como principales “economías conducto” a los Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Caimán, Irlanda y Singapur. “Ninguno de estos países aparecerá en las listas de la UE en 2019, precisa Ruiz, ”a pesar de acoger más del 85% de las inversiones mundiales a través de sociedades instrumentales“.
Además, Oxfam insiste en aplicar sanciones a los países dentro de la lista para reducir este tipo de prácticas, “como la imposibilidad de usar fondos públicos del Banco Europeo”, destaca Ruiz. La organización también propone endurecer los criterios que determinan qué países deben figurar en la lista negra y revisar de qué manera se aplican “para incluir todos los tipos de prácticas fiscales nocivas que emplean los paraísos fiscales más agresivos”.
La OCDE, por su parte, elaboró una lista negra por mandato del G20 que en 2017 únicamente incluía a un país: Trinidad y Tobago. Esta lista sigue criterios “flexibles”, según el análisis de Oxfam, ya que contempla únicamente criterios relacionados con la transparencia fiscal y el intercambio de información entre administraciones tributarias. “Si en la lista figuran territorios no agresivos –como Trinidad y Tobago– estamos penalizando a países que necesitan fondos públicos para desarrollarse”.
